Diario Oficial publica las RUF mientras el TC revisa reclamo de la oposiciónHispanice

El Gobierno sostiene que el requerimiento de 16 senadores llegó tarde, y los precedentes del TC en casos similares le han dado la razón.Hispanice

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La Ley 21.849, que fija las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y, en ciertos casos, para las Fuerzas Armadas, apareció este viernes 16 de octubre en el Diario Oficial. Con eso termina la tramitación de una de las leyes clave de la agenda de seguridad del Gobierno.

Según informó Emol, la publicación salió pese a que 16 senadores de oposición acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar disposiciones centrales de la ley. La controversia sigue abierta. Ahora le toca al TC decidir si acoge a trámite el requerimiento, lo que en lenguaje jurídico se llama admisibilidad.

El Congreso despachó el proyecto el jueves 8 de octubre, con 111 votos a favor en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, después de cerca de tres años de tramitación. Al día siguiente, los senadores presentaron su requerimiento. Ese mismo viernes, el Presidente José Antonio Kast promulgó la ley.

¿Qué cuestionan? De acuerdo con Radio Universidad de Chile, los parlamentarios objetan normas sobre el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal. A su juicio, algunas disposiciones permitirían usar armas de fuego sin que exista necesariamente un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros. Esos reparos ya habían aparecido en la discusión legislativa.

El requerimiento lleva la firma de senadores del Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Frente Amplio, Partido por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC) y Partido Liberal, junto a la independiente Fabiola Campillai. Entre ellos están Paulina Vodanovic, Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Juan Luis Castro, quien anunció la reserva de constitucionalidad.

El punto clave ahora es el plazo. El Ejecutivo pidió declarar inadmisible la presentación porque, según su postura, llegó cuando la promulgación ya estaba hecha. Si el TC le da la razón, el requerimiento caería sin que nadie revise el fondo de las objeciones.

La ex presidenta del TC Marisol Peña ha señalado que la Ley Orgánica Constitucional del tribunal entiende hecha la promulgación cuando el decreto ingresa a la Oficina de Partes de la Contraloría General de la República. Según esa lectura, no hace falta esperar la toma de razón, que es el control de legalidad del organismo contralor.

Los antecedentes favorecen al Gobierno. Con la Ley Antibarricadas, bajo Sebastián Piñera, y con la Ley Naín-Retamal y el tratado comercial TPP-11, bajo Gabriel Boric, el TC declaró inadmisibles requerimientos presentados después de que el decreto promulgatorio ingresara a Contraloría. Según Emol, eso mismo ocurrió esta vez.

Los abogados de los senadores pidieron rechazar la objeción. Argumentan que el Diario de Sesiones del Congreso, documento necesario para fundamentar la acción, se entregó recién el 9 de octubre a las 18:00 horas. Esa demora, sostienen, les impidió presentar antes de que el decreto llegara a Contraloría. La contralora Dorothy Pérez tomó razón del decreto el martes 13 de octubre.

Castro acusó al Gobierno de seguir adelante sabiendo que había un control pendiente. "Mandaron a promulgar la ley de RUF", dijo, y llamó a no cantar victoria antes de tiempo. La diputada frenteamplista Lorena Fries, quien integró la comisión mixta, pidió al Ejecutivo ver al TC como una garantía y no como una amenaza.

La oposición tampoco está unida. Los senadores Pedro Araya (PPD), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente), que apoyaron la ley, objetaron recurrir al TC porque, a su juicio, desvía la discusión sobre seguridad. Desde el oficialismo, Andrés Longton (RN) y Renzo Trisotti (Partido Republicano) también criticaron la estrategia.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntó contra el PS y el PC. Según él, esos sectores "han hecho de la sospecha permanente sobre las policías una práctica política". El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, insistió en que actuar ante los tribunales exige ceñirse a la ley y la Constitución.

Las fuentes no informan qué día resolverá el TC. Su decisión sobre la admisibilidad definirá si revisa las normas sobre fuerza letal o si la ley sigue vigente sin cambios.

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