El Juzgado de Garantía de Rancagua envió a prisión preventiva a parte de los imputados por una seguidilla de robos de cobre. Los robos afectaron dependencias de la División El Teniente de Codelco y líneas de transmisión eléctrica de distintas comunas de la Región de O'Higgins.
Según informó La Tercera, las empresas afectadas sufrieron pérdidas estimadas en más de $650 millones. Las fuentes no precisan la fecha de la audiencia ni el número de causa (RIT o RUC, los códigos con que el Poder Judicial y la Fiscalía identifican cada caso).
La cifra de detenidos en prisión preventiva no coincide entre las versiones. El título de La Tercera habla de siete imputados. Sin embargo, el mismo texto detalla tres por peligro para la seguridad de la sociedad y otros cinco por peligro de fuga, lo que suma ocho. ADN Radio solo indica que la medida alcanzó a "parte de los imputados".
La prisión preventiva es la medida cautelar más severa. Mantiene a una persona en la cárcel mientras se la investiga, sin que exista condena. El caso está en la etapa inicial: la formalización, audiencia en que la Fiscalía comunica a los imputados qué delitos se les atribuyen. Esa audiencia duró tres días y la encabezó la jueza Tatiana Díaz Coloma.
Según el Ministerio Público, la asociación delictiva funcionó entre 2024 y 2026 bajo el liderazgo de Freddy Parra San Martín. Le atribuye el robo de cobre desde la mina El Teniente y de cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de la región.
La Fiscalía sostiene que unos 60 integrantes se repartían funciones. Algunos reunían y entregaban información sobre los lugares que robarían, otros vigilaban y otros transportaban y acopiaban el metal. Según la acusación, el grupo también usó testaferros, compró maquinaria y creó empresas y sociedades de fachada para ocultar el origen del dinero obtenido con la venta.
Los delitos imputados son asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y receptación, es decir, comprar o guardar especies robadas. Algunos imputados también enfrentan cargos por microtráfico y tenencia ilegal de armas o municiones. Todos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia.
La jueza dictó otras medidas para el resto. Nueve imputados quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional (no pueden salir del país) y prohibición de comunicarse con los demás. Uno quedó con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a El Teniente.
A petición de la Fiscalía, el tribunal dejó con arresto domiciliario nocturno a otros 26 imputados. Además, 17 deberán firmar una vez al mes en unidades de Carabineros. Estos grupos tienen arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos y de acercarse a la División El Teniente.
El tribunal fijó un plazo de siete meses para la investigación. Al cerrarse, la Fiscalía deberá decidir si presenta una acusación y lleva el caso a juicio oral.
