Según radio.uchile.cl, comunidades lafkenche, dirigentes de la pesca artesanal y autoridades locales se reunieron en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile para defender la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. El seminario, organizado junto a la Identidad Territorial Lafkenche, se tituló "Ley Lafkenche Historia aprendizajes y perspectivas para una gobernanza costera". La fuente no precisa la fecha de la jornada.
El encuentro se desarrolló en el Auditorio VM20 de la facultad. Asistió una delegación lafkenche de distintos territorios del sur de Chile, además de estudiantes y académicos. Revisaron la historia de la norma, sus problemas de implementación y las amenazas que ven en las propuestas para modificarla.
La Ley 20.249 se promulgó en 2008. Creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), una figura jurídica que reconoce los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas en el borde costero. Es decir, protege las prácticas que las comunidades han mantenido en el mar por generaciones.
La norma nació de la presión de las propias comunidades. De acuerdo con los participantes, fue el resultado de años de reuniones, movilizaciones y negociaciones con el Estado. Respondía a la exclusión de los pueblos originarios de la regulación pesquera y acuícola.
Pérsida Cheuquenao, dirigenta de la Identidad Territorial Lafkenche, reconstruyó ese proceso. Dijo que la propuesta se discutió con comunidades, sindicatos de pescadores y organizaciones indígenas y no indígenas. Advirtió que el debate actual sobre su modificación dejó fuera a quienes la elaboraron. "La vamos a defender. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos si esto se modifica?", sostuvo.
Héctor Witte Mañado, del ECMPO Mañihueico-Huinay y uno de los dirigentes que participó en la creación de la ley, calificó el seminario como "un gran paso para defender nuestra ley". Bladimir Painecura repasó los hitos de la negociación con el Ejecutivo y el Congreso. El historiador Fernando Pairicán moderó el diálogo y vinculó la defensa de la norma con la democracia y los derechos indígenas.
Los expositores también rebatieron una idea extendida: que los ECMPO cierran el acceso al mar o impiden otras actividades. Según sus relatos, los procesos incluyen acuerdos con la pesca artesanal, municipios, turismo y actividades productivas previas. Los problemas reales, plantearon, son las demoras administrativas, las asimetrías de poder y la falta de coordinación estatal.
Dos casos ilustraron esa gestión. Yohana Coñuecar Llancapani explicó que Mañihueico-Huinay, en Hualaihué, abarca 83.830 hectáreas y su tramitación tomó cerca de quince años. Incluyó acuerdos con pescadores, mitilicultores, turismo, la industria acuícola y el municipio.
Segundo Yevilao presentó Manqueche, en el territorio de Tirúa. Allí se formó una mesa de gobernanza con comisiones de economía, educación, medio ambiente y articulación política.
El apoyo llegó también desde autoridades locales. Claudio Barudy Labrín, alcalde de Quellón, afirmó: "Del mar salimos todos, así de simple". La fuente no detalla en qué etapa está la discusión sobre las reformas a la ley ni quiénes las impulsan.
