El gobierno del Presidente José Antonio Kast pasó este viernes de la defensa jurídica a una operación política para sostener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, según Ex-Ante. Kast reunió a los presidentes de los partidos oficialistas, Justicia congeló los decretos pendientes y el subsecretario Gonzalo Arenas reafirmó la confianza presidencial en el ministro.
La crisis cumple tres días. Su origen es la rebaja de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, que Justicia visó entre marzo y septiembre. Durante el miércoles y el jueves, Rabat explicó personalmente el caso en Mega, Tele13 Radio y luego en Radio Duna.
Su argumento se mantuvo invariable. Dijo que aplicó una jurisprudencia "bastante generalizada" de la Corte Suprema y que la irretroactividad penal le impedía actuar de otra forma. Sin embargo, la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, no respaldó que exista una doctrina asentada. Además, un fallo de febrero de 2026 validó que el ministerio negara el beneficio a un condenado de 2014.
Hasta el jueves, ningún dirigente oficialista había defendido el criterio del ministro. La señal iba en sentido contrario: hubo proyectos de ley para frenar nuevas rebajas y el senador republicano Ignacio Urrutia calificó la decisión de "inaceptable".
Eso cambió tras la reunión de las 8.30 en La Moneda. La cita buscaba ordenar las prioridades legislativas, pero el caso del ministro copó la agenda. Al salir, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que acusar a un ministro por cumplir la ley era "absurdo". A su juicio, Rabat solo firmó el trámite final de algo que resuelve una comisión.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, culpó a "la ley que no fue lo suficientemente clara" y a los tribunales. Descartó que el episodio amerite la salida del ministro y pidió discusión inmediata para el proyecto.
El giro de fondo llegó poco antes de esa reunión. Justicia suspendió, de manera temporal, la tramitación de los decretos de rebaja que aún pueden detenerse. En su comunicado, la cartera reconoció un "vacío legal" en las restricciones aplicables a condenados antes de 2022, una postura distinta de la que Rabat sostuvo dos días.
La estrategia legislativa contempla dar discusión inmediata a mociones parlamentarias ya anunciadas. El Ejecutivo también estudia un proyecto propio para cambiar el procedimiento del beneficio de reducción de condena por conducta intachable y sus causales de exclusión. Rabat conversó con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).
El ajuste responde también a la molestia oficialista con la comunicación del gabinete. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), lo resumió así: "Quien explica se complica".
Arenas, en su segunda vocería desde que asumió, llevó la discusión al terreno político. Afirmó que el gobierno no está conforme con las rebajas y que se define como protector de los menores. Mostró además un decreto del exministro Jaime Gajardo (PC) junto a otro de Rabat, para sostener que el resultado fue "exactamente el mismo". Recordó que el beneficio existe desde 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
"El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República", declaró el subsecretario.
Queda un problema sin resolver. La suspensión no alcanza a los decretos ya ejecutoriados. Arenas explicó que esos casos completaron el trámite legal y que, por lo tanto, la medida no procede.
Las bancadas de diputados del PS, PC, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y DC exigieron a Kast remover a Rabat. Calificaron la reacción del gobierno de "tardía, insuficiente e irresponsable" y comenzaron a preparar una acusación constitucional, que sería la mayor ofensiva contra un ministro de esta administración.
La oposición anunciará su decisión el miércoles 28. Ese día la Cámara realizará una sesión especial en la que Rabat deberá explicar su cambio de criterio.
