Una muerte en San Bernardo reescribió la agenda de seguridad del Ejecutivo. Alejandro Águila tenía 12 años cuando murió después de una encerrona, una modalidad delictiva en que delincuentes fuerzan a un vehículo a detenerse para robarle. Su familia impulsó la llamada "Ley Alejandro", que busca endurecer las sanciones para ese tipo de delitos. Este lunes, el Gobierno dio una señal clara: esas reformas tienen respaldo oficial.
Martín Arrau, ministro de Seguridad, sostuvo que el Ejecutivo ya evaluaba cambios a la responsabilidad penal adolescente antes del crimen. "Nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias", afirmó el secretario de Estado durante el comité policial.
El diagnóstico del ministro fue directo: el sistema actual "hoy día no está dando buena respuesta". Los proyectos que se tramitan en el Congreso deben avanzar, aunque pueden incorporar mejoras, según Arrau.
Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito, precisó a BioBío Chile que el Gobierno analiza si las iniciativas en curso en el Senado cubren los objetivos de la "Ley Alejandro". El proyecto más avanzado es uno del senador Andrés Longton, que plantea penas más altas para delitos de alta connotación pública y violentos, y está en segundo trámite constitucional.
"Hay que analizar lo que está hoy día en el segundo trámite constitucional, y al mismo tiempo ver si coincide con lo que se quiere realizar", indicó Guerrero.
El Ejecutivo tomará las definiciones "a partir de los próximos días", de acuerdo con el subsecretario. La señal política es clara: el caso de Alejandro Águila instaló el debate justo en un Gobierno que ya tenía en carpeta esos cambios, lo que abre espacio para que los proyectos en el Senado avancen con más velocidad.
