El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio (FA) y representante de la Región de Valparaíso, presentó un proyecto para modificar la llamada Ley del Mono. Busca que almacenes, amasanderías, talleres, juntas de vecinos y clubes deportivos accedan con menos trabas al procedimiento simplificado de regularización.
Así lo informó BioBioChile. La Ley del Mono es la Ley N° 20.898, que rige desde 2016. Su lógica es simple: en una sola gestión, el dueño de una construcción sin papeles consigue tanto el permiso de edificación como la recepción definitiva.
El problema está en su Título II, dedicado a las microempresas inofensivas y al equipamiento social. Esa parte no se incluyó en la prórroga de 2019 y recién se reactivó en 2022. Según el parlamentario, durante casi tres años los negocios de barrio y las organizaciones comunitarias quedaron sin una vía para ponerse al día.
Hay otra barrera. Hoy la solicitud solo la puede presentar el propietario, y eso excluye, según Ibáñez, a buena parte de las sedes sociales de Chile. Muchas funcionan en terrenos municipales o fiscales entregados en comodato, es decir, en préstamo de uso gratuito.
El proyecto cambia eso. Las organizaciones sin fines de lucro con comodato podrán pedir directamente la regularización, sin depender del dueño del terreno.
"La Ley del Mono se pensó para las familias, los almacenes y las juntas de vecinos, pero en la práctica las trabas burocráticas han dejado afuera justamente a quienes más la necesitan", dijo Ibáñez. Agregó que hay sedes levantadas por vecinos que no pueden postular a fondos públicos por falta de regularización.
Para los negocios, la propuesta obliga al municipio a otorgar una patente provisoria apenas se ingrese la solicitud. Esa patente se volvería definitiva si la regularización se aprueba.
Mientras el trámite siga abierto, no se podrán cursar multas, clausuras ni demoliciones por falta de permiso. La única excepción sería un riesgo para las personas. El senador aseguró que el texto no rebaja ningún estándar de seguridad.
También cambia el trabajo de la Dirección de Obras Municipales (DOM), la oficina comunal que revisa y aprueba construcciones. Deberá entregar todas sus observaciones en una sola ronda, y el solicitante tendrá 60 días hábiles para subsanarlas. El certificado sanitario podrá llegar después del ingreso de la solicitud.
La propuesta, además, menciona de forma explícita como equipamiento social a clubes deportivos, centros culturales y sedes de agrupaciones de personas mayores. "Muchas veces el problema no es cumplir con la norma, sino el laberinto de trámites", sostuvo el legislador.
¿Quién gana? Pymes de barrio y organizaciones vecinales que hoy operan en la informalidad. Las fuentes no recogen, por ahora, posiciones de otros parlamentarios ni del Ejecutivo.
En cuanto a su tramitación, la moción se suma a otro proyecto que ya revisa la Comisión de Vivienda del Senado, enfocado en actualizar la fecha de corte, las superficies y los plazos de la ley. Si se aprueba, las solicitudes pendientes podrán acogerse a las nuevas reglas sin tener que reingresarse. Las fuentes no detallan un calendario de votación.
