El Ministerio de Justicia suspendió este viernes la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, según El Mostrador. La medida llega después de que la cartera concediera ese beneficio a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y tras críticas de la oposición y de sectores del propio oficialismo.
El cambio de postura es evidente. El ministro Fernando Rabat había defendido las resoluciones, con el argumento de que firmarlas era una obligación legal sustentada en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
En un comunicado, Justicia explicó que tomó la decisión tras analizar la normativa vigente. Ahí identificó un "vacío legal" en la aplicación de las restricciones que se introdujeron en 2022 para acceder a estos beneficios.
"Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022", señaló Rabat. Agregó que la suspensión se mantendrá mientras se discuten esas iniciativas, para "darle tranquilidad a la ciudadanía".
De los 56 decretos dictados durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast, 27 correspondían a abuso sexual y 29 a violación. El medio Interferencia reveló primero los antecedentes.
La reacción política cruzó a todos los sectores. El Partido Comunista anunció que reunirá firmas para interpelar al ministro. En la oposición también se comenzó a evaluar una eventual acusación constitucional.
Durante la misma mañana del viernes, Rabat volvió a defender su interpretación en Radio Duna. Sostuvo que existían normas constitucionales que obligaban a aplicar la ley de manera inmediata, en línea con lo que describió como una jurisprudencia "muy mayoritaria" de la Corte Suprema.
Ese argumento recibió críticas de parlamentarios, abogados y del exministro de Justicia Jaime Gajardo. Según una revisión de BioBioChile, la Corte Suprema respaldó en al menos cuatro causas la negativa a conceder beneficios por hechos anteriores a la reforma de 2022. Tres de esos fallos se resolvieron durante el actual gobierno.
Esas sentencias no declaran ilegales las 56 rebajas. Sin embargo, ponen en duda que aprobarlas fuera una obligación jurídica inevitable.
La suspensión tampoco anula lo ya concedido. El comunicado no contempla revocar los decretos ni precisa cuánto durará la pausa. Tampoco aclara qué pasará con solicitudes respaldadas por órdenes judiciales ni si la medida alcanza a otras categorías de condenados.
La polémica creció después de que Rabat reconociera en Meganoticias que la mayoría de los beneficiados habría recuperado la libertad. "La gran mayoría tiene que haber salido", afirmó. El ministro aseguró además que Kast desconocía la firma de los decretos, porque son decisiones que adopta el titular de Justicia.
Como respuesta, el Ejecutivo anunció una agenda legislativa. Busca modificar el procedimiento de reducción de condenas por conducta intachable, precisar las causales de exclusión y fijar una regla temporal sobre los requisitos exigibles. También incluirá el derecho de las víctimas a ser oídas en el proceso.
En paralelo, el Gobierno impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa traslada a jueces la resolución de rebajas de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.
