El Ministerio de Educación (Mineduc) ordenó volver a clases en las regiones afectadas por el sistema frontal, mientras la Delegación Presidencial Metropolitana negó la autorización para un partido de fútbol de la U, según La Tercera. Ambas decisiones se tomaron con la alerta roja aún vigente y abrieron dudas sobre los criterios oficiales.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, rechazó que exista contradicción entre ambas medidas. A su juicio, cada una responde a un análisis de riesgo diferente. "El riesgo de las personas no es lo mismo en una actividad masiva puntual que la movilidad en toda la región o el establecimiento de las clases", afirmó.
El procedimiento está regulado por la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). Dentro de esa estructura, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) coordina los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y las mesas técnicas que se activan ante emergencias puntuales.
A esas mesas llegan datos de la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección de Obras Hidráulicas, las superintendencias de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios, las policías, Bomberos, las Fuerzas Armadas y los ministerios.
Pavez precisó que esos organismos entregan antecedentes y recomendaciones, pero no resuelven. "La mesa técnica no suspende partidos de fútbol. Senapred no suspende las clases", dijo. La decisión, según explicó, recae en cada ministerio o repartición dentro de sus atribuciones, con Interior articulando el proceso.
En el caso escolar, el subsecretario mencionó factores como la entrega de alimentación a los estudiantes, quién cuida a los niños si no van al colegio y la pérdida de días de aprendizaje. Para un evento deportivo pesan otros elementos: conectividad, cantidad de público reunido y condiciones de seguridad.
La vuelta a clases tampoco fue pareja. El Mineduc dispuso el retorno en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins, pero nueve municipios suspendieron actividades en sus establecimientos: La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Quillota, Los Vilos, La Calera, Nogales, Codegua y Machalí.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, criticó la medida porque seguía la alerta roja y persistían perímetros de seguridad por el aluvión del 8 de octubre. "A mí me sorprende (...) que se señale que hay clases para todas las comunas", declaró en 24 Horas, y pidió al gobierno consultar antes a los alcaldes.
Pavez descartó un choque institucional. Explicó que los sostenedores tienen autonomía y que los alcaldes que suspendieron "son responsables administrativos y políticos de esa decisión".
El último balance de Senapred registra 31 damnificados, 171 personas albergadas, 40 aisladas y 28.241 clientes sin electricidad, además de viviendas dañadas. Su directora, Alicia Cebrián, llamó a evitar quebradas y cauces y a seguir las instrucciones de emergencia.
