La exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo cuestionó la rebaja de condenas a 56 condenados por abuso sexual y violación contra menores de edad, según T13. El medio informa que el gobierno del Presidente José Antonio Kast autorizó esas rebajas. Hasta ahora, ningún otro medio ha confirmado la información.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión. Según su versión, el ministerio aplicó la doctrina que fijó la Corte Suprema al resolver recursos de los condenados. "En las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos", sostuvo.
Rabat agregó que fue el máximo tribunal el que estableció que las personas que recibían ese beneficio antes de 2022 eran merecedoras de él. Su argumento es que el Ejecutivo se limitó a seguir ese criterio judicial.
Vallejo, que fue vocera durante el gobierno de Gabriel Boric, rechazó esa explicación. Acusó al Ejecutivo de decretar las rebajas "sin orden de la Corte Suprema". También apuntó a la contradicción con el discurso oficial: "¿Cómo es posible que este gobierno que se autodefinió como el Gobierno de emergencia, de la seguridad, 'con mis niños no te metas'...?".
El centro de la disputa está en una ley. De acuerdo con Vallejo, la norma publicada en febrero de 2022 excluyó explícitamente de la rebaja de condenas a quienes cometieron abusos sexuales contra menores. El problema, explicó, es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido aplicarla de forma retroactiva a condenas anteriores a esa fecha.
La exministra negó que exista una doctrina fija. "Todos los casos se ven uno por uno y por eso vale la pena pelearlos", afirmó. Aseguró que su gobierno rechazó cada una de las solicitudes que llegaron al Ministerio de Justicia para rebajar estas penas.
Vallejo reconoció que algunos condenados presentaron recursos de amparo, una acción judicial para proteger la libertad personal. Sin embargo, sostuvo que en muchos de esos casos el Ejecutivo litigó en las Cortes de Apelaciones y ganó. Recalcó que la rebaja de penas "no es un derecho, es un beneficio".
La exvocera calificó el cambio de criterio como "gravísimo" y como una señal de impunidad. También preguntó por el efecto en las víctimas y advirtió de una "desconfianza en el sistema tremenda". Además, acusó al gobierno de mentir y de manejar mal la información.
El caso ya llegó al Congreso, donde parlamentarios de oficialismo y oposición suman cinco proyectos para frenar estas rebajas. Esas iniciativas chocan con el principio de irretroactividad penal, que impide aplicar una ley más dura a hechos anteriores, y podrían no revertir los 56 beneficios ya otorgados. Vallejo cerró con una exigencia: "Espero que esto se revierta o se hagan valer las responsabilidades políticas".
