Según CNN Chile, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau, comprado durante la pandemia de COVID-19, permanece almacenado en una bodega de San Miguel desde octubre de 2021.
El hallazgo forma parte del informe final de investigación especial N° 212. Ahí, el organismo fiscalizador constató que los 565 bienes que componen el hospital siguen guardados sin que sus responsables definan su uso, reutilización, reasignación o transferencia.
La estructura costó casi $3 mil millones y tiene capacidad para 100 pacientes. Incluye 10 albergues de hospitalización, baños y el equipamiento para funcionar, como camillas, catres clínicos e instrumental médico.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales cedió el hospital al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), la red pública que atiende a comunas del sur de Santiago. La CGR revisó su estado de conservación, uso y resguardo.
Según el informe citado por el medio, la "inacción y falta de gestiones del SSMS" hizo que los bienes perdieran valor entre 2022 y 2026. La Contraloría estimó ese perjuicio en más de $859 millones.
Por esa cifra, la CGR formulará un reparo al SSMS, es decir, una acción para exigir la restitución de los recursos. Además, instruyó al servicio iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La inspección también encontró debilidades en el control, el registro contable y la trazabilidad de los bienes. A eso se suma el estado de la bodega: presenta deficiencias estructurales, entre ellas un socavón en el pavimento justo donde se guardan los equipos.
Ese daño afecta la conservación del material y limita el acceso seguro a todas las áreas de almacenamiento. La propia Contraloría difundió el hallazgo en X, donde publicó que el hospital está "arrumbado" desde 2021.
Tras recibir las observaciones, el SSMS comunicó que diseñará y ejecutará un plan de obras de reparación. La nota no recoge una respuesta del Ministerio de Salud. El servicio tiene 60 días hábiles para corregir los problemas de control y reportar a la Contraloría los avances de las medidas.
