Según Emol, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) han votado en contra de casi todas las iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast. El Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), en cambio, han alternado respaldos, rechazos y abstenciones.
El Presidente Kast anunció la ACOT a comienzos de agosto. Incluye más de 30 proyectos y una reforma constitucional para fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo. Su avance depende del oficialismo y de los votos opositores que logre sumar.
El caso más reciente es el de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el marco legal para la actuación de policías y Fuerzas Armadas. El 7 de octubre, la Cámara aprobó el informe de la Comisión Mixta con 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones. Los votos en contra vinieron del FA y del PC.
Se abstuvieron los socialistas Andrea Macías, Daniel Manouchehri, José Antonio Rivas y César Valenzuela, además de Consuelo Veloso, del FA. Ese mismo día, el Senado aprobó el informe por 29 votos contra 15 y una abstención.
En el Senado, la división fue más visible. Votaron en contra los socialistas Danisa Astudillo, Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Gastón Saavedra y Paulina Vodanovic, junto con Ricardo Celis y Ximena Órdenes (independientes PPD). Fidel Espinosa (PS) se abstuvo.
La disputa siguió después. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional contra normas sobre fuerza potencialmente letal y proporcionalidad. En sus críticas apuntó al PC y a algunos senadores socialistas.
La reforma para ampliar el plazo de detención de migrantes con fines de expulsión administrativa cayó por un voto el 22 de septiembre. Obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero necesitaba 89 para el quórum de cuatro séptimos.
Rechazaron, entre otros, los frenteamplistas Gonzalo Winter, Emilia Schneider y Jaime Bassa, y los comunistas Irací Hassler, Gustavo Gatica y Daniela Serrano. También votaron en contra los socialistas Carolina Cucumides, Andrea Macías, José Antonio Rivas, Juan Santana y César Valenzuela.
El resultado también dependió de ausencias. José Montalva (PPD), que había anunciado su apoyo, no votó, igual que Patricio Pinilla (DC). Marcos Ilabaca (PS) se abstuvo. El Ejecutivo decidió insistir en la tramitación mediante el mecanismo constitucional correspondiente.
La Ley Antibarricadas 2.0 tuvo otro curso. El 23 de septiembre, la Cámara la aprobó en general por 89 votos contra 41 y tres abstenciones. El proyecto amplía las conductas sancionadas e elimina la exigencia de acreditar violencia o intimidación para configurar el delito.
El FA y el PC formularon una reserva de constitucionalidad. La Cámara aprobó además una indicación del diputado socialista Raúl Leiva que excluye de la norma ciertos ejercicios legítimos de derechos. El texto de la fuente se corta antes de detallar ese punto.
A esto se suma el fracaso de la reforma constitucional de seguridad que impulsó originalmente el Ejecutivo, sin los apoyos necesarios en el Senado. La Ley Antibarricadas 2.0 sigue ahora su tramitación en el Senado.
