Según Ex-Ante, de las 3.247 querellas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó por el estallido social, solo 68 terminaron en condenas. Eso equivale a un 2%. El dato sale de un balance del propio instituto y lo usó este miércoles el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
"No cabe ninguna duda que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal", dijo Rabat. Según el medio, el ministro recalcó que de esas querellas "solamente han tenido algún destino 68".
El INDH es un organismo autónomo del Estado creado para promover y proteger los derechos humanos en Chile. Hasta ahora puede querellarse, es decir, actuar como parte en los juicios penales.
El balance lo dio a conocer el instituto en octubre de 2025, al cumplirse seis años del 18-O. Cubre las acciones presentadas entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, fecha en que se declaró estado de catástrofe por la pandemia.
De acuerdo con ese informe, las querellas fueron por apremios ilegítimos (2.311), torturas (566), violencia innecesaria (249) y otros delitos (121). Se basaron en los testimonios de 3.842 denunciantes, con un promedio de 26 años de edad. Un 75% eran hombres.
Las acciones apuntaron contra carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas. El director del INDH, Yerko Ljubetic, calificó el resultado como "preocupante" y responsabilizó a la Fiscalía y, sobre todo, a los tribunales.
Ex-Ante sostiene que el balance omitió un antecedente. Las querellas se basaron principalmente en el relato de los denunciantes. Según el medio, eso quedó en evidencia con las 418 pensiones de gracia otorgadas tras el 18-O: 148 durante el gobierno de Sebastián Piñera y 270 durante el de Gabriel Boric. Esos casos mezclaron víctimas verdaderas con otras falsas o imposibles de comprobar.
Boric revocó una veintena de esas pensiones en 2024 y sumó otras 33 revocaciones antes de dejar La Moneda el 11 de marzo. En julio, además, dos falsas víctimas fueron condenadas a penas en libertad por fraude de subvenciones.
El gobierno de José Antonio Kast presentó este lunes un proyecto para reformar el instituto. La iniciativa le quita la facultad de querellarse y la reemplaza por la de presentar denuncias, lo que impide su participación en los juicios. Mantiene, eso sí, la posibilidad de presentar recursos de amparo y de protección.
El proyecto también reduce de 11 a cinco los consejeros y crea una dirección ejecutiva para administrar el organismo, con menos atribuciones que el actual director nacional.
Ljubetic criticó la propuesta el martes en radio ADN. La describió como "un proyecto que, esencialmente, apunta a neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos". Agregó: "Eso es evidente".
Las querellas del instituto ya habían generado otra polémica. En diciembre de 2025, el excarabinero y hoy diputado Sebastián Zamora (independiente, bancada republicana) demandó al INDH y a los otros querellantes del caso Pío Nono por no pagar las costas del juicio.
Zamora fue absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de la acusación de homicidio frustrado presentada por la fiscal Ximena Chong. El caso se originó el 2 de octubre de 2020, cuando un adolescente de 16 años cayó 7,4 metros desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho durante un operativo policial. La Fiscalía y los querellantes debían pagar $40 millones en costas.
En la sesión del Consejo del INDH del 29 de diciembre de 2025, Ljubetic reconoció una demora de un día en el pago. Según el acta 880, el pago se hizo al día siguiente y el instituto designó a un encargado para los tres casos en que ha sido condenado en costas.
