La Contraloría General de la República (CGR) determinó la responsabilidad administrativa del alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, por apuestas que hizo en el casino de juegos de Viña del Mar, según BioBioChile. El organismo cerró un sumario y envió sus conclusiones al Concejo Municipal de esa comuna de la Región del Biobío.
Según el medio, la decisión consta en una resolución exenta del 25 de agosto de 2026. Con ella, la Contraloría aprobó el sumario administrativo que había instruido contra la autoridad comunal.
La investigación partió con datos que entregó la Superintendencia de Casinos de Juego. Ese organismo revisó a funcionarios públicos que hicieron transacciones ligadas a juegos de azar entre enero de 2024 y junio de 2025.
La ley prohíbe esa conducta de forma explícita. La concejala Oriana Offermann citó el artículo 10, letra B, de la Ley 19.995, conocida como Ley de Casinos. La norma establece que los alcaldes no pueden apostar en juegos de azar de casinos, "por sí mismos o por otra persona".
Offermann aseguró que la Contraloría desestimó todos los argumentos de la defensa del alcalde. Agregó que los concejales ya conocen los resultados y ahora deben analizar qué acciones tomar.
La decisión queda en manos del Concejo. Según la concejala, los ediles deben informar a la Contraloría en un plazo de 20 días hábiles si presentarán un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Ese tribunal resuelve, entre otras materias, las sanciones a autoridades municipales. Si el Concejo decide acudir a él, también debe indicar qué sanción solicita.
El municipio tiene otra versión. Su departamento de comunicaciones informó que presentó una impugnación contra lo resuelto por la CGR. Según la municipalidad, ese recurso sigue sin respuesta. Por eso sostiene que la resolución leída a los concejales no está firme ni ejecutoriada.
El caso deja una pregunta abierta para los vecinos de Los Ángeles: si su alcalde enfrentará un proceso ante la justicia electoral. La fuente no precisa qué sanciones podría pedir el Concejo ni cuándo se votará el requerimiento. El plazo de 20 días hábiles corre desde la notificación de la Contraloría, que según Offermann llegó un día antes de sus declaraciones.
