El Congreso chileno aprobó el martes 20 de octubre una ley que busca acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, según BioBioChile. En paralelo, en Perú tomaron fuerza los registros oficiales que desmienten que el presidente José Antonio Kast haya sacado del país a cientos de miles de extranjeros.
La norma permite a la policía pedir autorización judicial para entrar a domicilios. De acuerdo con un comunicado del Senado, podrá hacerlo "con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión".
La ley también autoriza a las autoridades a pedir datos a organismos públicos para ubicar y notificar a extranjeros con órdenes de expulsión pendientes. El objetivo es destrabar resoluciones que ya fueron dictadas y no se han cumplido.
El proyecto no es nuevo. Lo presentó en 2024 el gobierno de Gabriel Boric y retomó impulso bajo Kast, quien asumió el 11 de marzo de 2026. La migración fue un eje de su campaña, en la que planteó expulsar a más de 330.000 personas sin situación regular. El gobierno asocia la inmigración irregular con el aumento de la criminalidad.
El debate cruzó la frontera norte. La senadora peruana Lourdes Alcorta, del partido derechista Renovación Popular, dijo en una entrevista con RPP Noticias que Chile había expulsado "cerca de un millón" de indocumentados en el primer mes de Kast. Luego corrigió la cifra a 800.000.
PerúCheck, plataforma peruana de verificación de datos, concluyó que la afirmación era falsa. El gobierno chileno ejecutó 156 expulsiones en su primer mes, cifra que subió a 196 tras un vuelo realizado el 16 de abril.
A fines de septiembre, la Subsecretaría del Interior informó 1.468 expulsiones desde la llegada de Kast. En todo 2026, incluido el período previo a su mandato, contabilizó 1.764.
El periodista chileno Juan Jaime Díaz también cuestionó las cifras de Alcorta. Según él, Kast prometió expulsiones masivas, pero no había ninguna posibilidad de llegar a esas magnitudes. "Estamos hablando de cantidades cercanas a las 2.000 personas, no de un millón", sostuvo.
La confusión tiene una explicación parcial en las salidas voluntarias. La Subsecretaría registró 10.197 salidas voluntarias entre el 3 de enero y el 26 de septiembre. Corresponden a extranjeros que entraron por pasos no habilitados y salieron por un control policial, sin una orden de expulsión en su contra.
Por eso no son deportaciones. El balance oficial separó ambas categorías y sumó 11.961 salidas en total durante ese período.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mezcló ambos números al celebrar el décimo vuelo de expulsión del gobierno. "Ya superamos todas las cifras por año de expulsiones del gobierno anterior, sumando más de mil ochocientas setenta expulsiones forzadas y sumando diez mil trescientas salidas voluntarias", afirmó.
Quedan preguntas abiertas. La fuente no detalla cuándo se promulgará la ley ni cuántas órdenes de expulsión pendientes podrían ejecutarse con las nuevas herramientas. Lo verificable es la distancia: Kast prometió más de 330.000 expulsiones y, hasta septiembre, su gobierno sumaba 1.468.
