Según Diario Financiero, ocho alcaldes de la Región Metropolitana y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, impulsan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). La OGUC es el reglamento que fija las reglas técnicas para construir y urbanizar en todo Chile.
Los jefes comunales que firman son los de Estación Central, Maipú, Quinta Normal, Renca, La Cisterna, Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. Expusieron su postura el domingo pasado en una carta publicada en El Mercurio.
El foco del conflicto es la densidad habitacional, es decir, cuántas viviendas se pueden levantar en una superficie determinada. De acuerdo con las autoridades, la nueva normativa abre la puerta a "aumentos significativos" de densidad sin considerar la capacidad de la infraestructura ni los servicios disponibles.
También acusan que los cambios pasan por encima de los instrumentos de planificación territorial. Se refieren a los Planes Reguladores Comunales (PRC) y Metropolitanos, que definen qué se puede construir y dónde en cada territorio.
"Esta modificación vulnera gravemente las atribuciones de los Planes Reguladores Comunales y Metropolitanos", sostuvieron en la misiva. Agregaron que el cambio plantea dudas sobre los límites de las facultades reglamentarias del Ejecutivo, la autonomía municipal y la descentralización.
Ese es el núcleo del argumento constitucional. Al tratarse de un reglamento, la OGUC la modifica el gobierno sin pasar por el Congreso. Los alcaldes cuestionan que esa vía permita alterar decisiones que hoy toman los municipios a través de sus planes reguladores.
Según Diario Financiero, ya se había anticipado que estos cambios podían generar roces con los municipios. Con la normativa aprobada, esa resistencia empezó a tomar forma.
Las autoridades afirmaron que los efectos de una densificación desproporcionada ya se sienten en distintas comunas. Mencionaron problemas de acceso a servicios, convivencia, hacinamiento y seguridad. Son consecuencias, dijeron, "muy difíciles de revertir" y de las que "ni el Estado ni la industria inmobiliaria se hacen debidamente responsables".
Para el vecino común, la discusión se traduce en cuántos edificios pueden aparecer en su barrio y si el transporte, los consultorios y los colegios darán abasto. Las comunas firmantes son, en su mayoría, del sector poniente y sur de Santiago.
La carta no detalla qué artículos específicos de la OGUC se modificaron ni cifras de densidad permitidas. Tampoco recoge una respuesta del gobierno a estas críticas.
"No es admisible que decisiones de esta magnitud sean tomadas entre cuatro paredes", concluyeron los firmantes. El próximo paso depende de la Cámara: los alcaldes hicieron un llamado a diputadas, diputados y sus bancadas para que respalden el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
