Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera de Justicia acogió 56 solicitudes de rebaja de condena de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, según BioBioChile, que a su vez cita un reportaje del medio Interferencia. Del total, 29 casos corresponden a violación y 27 a abuso sexual.
El dato proviene del oficio ORD. 7067. Con ese documento, la Subsecretaría de Justicia contestó una solicitud de acceso a la información presentada por Interferencia. En el mismo lapso, el ministerio rechazó solo una petición, vinculada a un abuso sexual de menor.
El punto más polémico es el procedimiento. De acuerdo con la información publicada, ninguna rebaja surgió de un recurso de amparo ni de otra resolución judicial. Los condenados presentaron su solicitud ante el ministerio y este la aprobó directamente. Por ahora, ninguna otra fuente ha confirmado las cifras.
El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), reaccionó con dureza, aunque condicionó sus críticas a que la información se corrobore. "Todavía no lo puedo creer. Me parece extremadamente grave. Esto es un indulto parcial", declaró.
Mulet sostuvo que estas decisiones contradicen el discurso público del propio Gobierno, del ministro de Justicia y del Congreso. "Rebajar condenas es indultar si se hace por el Ministerio de Justicia y no ha actuado ningún juez", afirmó el legislador.
Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries apuntó a una contradicción. Mientras se endurecen las exigencias para salir de la cárcel, dijo, en paralelo se reducen penas. "Yo me pregunto cuál es el concepto de seguridad que tiene este gobierno si los violadores y los abusadores sexuales andan por la calle", planteó.
La versión del Ejecutivo llegó a través de un diputado de Evópoli. Jorge Guzmán relató que el ministro de Justicia les explicó que la cartera aplicó fallos judiciales previos para conceder las rebajas. Según el ministro, la idea fue evitar el paso por la Corte de Apelaciones por economía procesal.
Guzmán describió cómo funcionaba antes el sistema. El ministerio rechazaba las solicitudes, los condenados acudían a las cortes y estas ordenaban aplicar la reducción. El nuevo criterio se salta esa etapa. El parlamentario dijo entender la búsqueda de eficiencia, pero no la comparte en delitos sexuales.
"Yo hubiese esperado que pasen por la corte", señaló Guzmán. A su juicio, acelerar estos trámites termina perjudicando a las víctimas. Sin embargo, descartó la necesidad de nuevas leyes, porque según él "lo legislativo ya está resuelto".
La fuente no detalla qué norma sustenta las rebajas ni los nombres de los beneficiados. Tampoco consigna una declaración pública directa del ministro de Justicia. El debate queda abierto en el Congreso, donde tres bancadas de distintos sectores ya exigieron explicaciones por los 56 decretos.
