Diputados del Partido Comunista (PC) anunciaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Quieren que responda en la Cámara por las 56 rebajas de condena que su cartera otorgó a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según informó BioBioChile, la bancada intentará sumar a otros sectores de oposición para concretar la citación. La interpelación permite a la Cámara citar a un ministro para que responda preguntas en la sala sobre materias de su cargo.
El diputado Marcos Barraza encabezó las críticas. "El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable", afirmó. Agregó que indultar a violadores y agresores sexuales de menores "no tiene ningún tipo de justificación" y acusó al Ejecutivo de ponerse del lado de los agresores y no de las víctimas.
Su colega Bernardo Salinas calificó la decisión como "la peor señal que puede dar el país". También preguntó si estas medidas podrían anticipar futuros indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Las cifras provienen de una investigación del medio Interferencia, basada en el documento ORD. 7067 de la Subsecretaría de Justicia. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el ministerio emitió decretos con 27 rebajas por abuso sexual y 29 por violación. En el mismo periodo rechazó una sola solicitud.
Rabat defendió las medidas. Sostuvo que el ministerio aplicó la doctrina de la Corte Suprema y recursos de amparo acogidos antes de la Ley 21.421, publicada en febrero de 2022. Esa norma excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores del beneficio de rebaja que regula la Ley 19.856.
El argumento del ministro choca con un dato de la investigación. Según Interferencia, las 56 rebajas se tramitaron directamente ante la cartera mediante decretos exentos y ninguna se originó en un recurso judicial de los beneficiados.
El punto jurídico de fondo es la irretroactividad: una ley penal más dura no puede aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. Sin embargo, la información entregada por el ministerio no precisa cuántos delitos ocurrieron antes o después de febrero de 2022.
El ministerio tampoco había respondido, al cierre de esa publicación, cuántas personas resultaron beneficiadas ni si hubo cambios de criterio o circulares internas respecto de gobiernos anteriores. Esas preguntas quedarán pendientes hasta que la bancada PC reúna las firmas y Rabat comparezca ante la Cámara.
