La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una reforma constitucional para impedir que condenados por violación y abuso sexual accedan a rebajas de pena amparándose en leyes anteriores. La diputada Ximena Ossandón impulsó la iniciativa.
Según informó Emol, la propuesta surge en medio de la polémica por los 56 decretos de rebaja de condena que dictó el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026. De ellos, 27 benefician a condenados por abuso sexual de menores y 29 a condenados por violación, de acuerdo con antecedentes publicados por el medio Interferencia.
La cifra se amplía al mirar hacia atrás. Durante los últimos gobiernos se concedieron 332 beneficios: 276 bajo la administración de Gabriel Boric y 56 en el actual gobierno del presidente José Antonio Kast.
El origen del debate está en la Ley 21.421, aprobada en 2022, que excluyó de la reducción de condena a sentenciados por ciertos delitos sexuales contra menores. Sin embargo, su aplicación a delitos cometidos antes de su vigencia generó interpretaciones judiciales distintas, incluidos pronunciamientos de la Corte Suprema durante 2026.
Los parlamentarios de RN reconocen que las decisiones del Ministerio responden a criterios fijados previamente por la Corte Suprema. Por eso plantean resolver el problema en la Constitución y no en una ley.
La reforma agrega una disposición al artículo 19 de la Carta Fundamental. Establece que los beneficios de reducción de condena y otras formas de término anticipado de penas para condenados por delitos sexuales se rijan por la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento, y no por la vigente cuando se cometió el delito.
Una norma transitoria extiende la regla a todas las solicitudes pendientes, sin importar la fecha del delito. Además, los beneficios concedidos por resolución administrativa durante los seis meses anteriores a la publicación de la reforma quedarían sin efecto de pleno derecho.
El texto precisa que no modifica retroactivamente las penas impuestas por los tribunales. Solo fija las condiciones para reducir el tiempo efectivo de cárcel. La bancada sostiene que las garantías del Estado de derecho no equivalen a un derecho automático a obtener rebajas.
"Definitivamente hay una barrera constitucional que, al menos en este caso, no parece razonable", dijo Ossandón. Agregó: "No podemos tolerar que violadores y abusadores reduzcan sus penas".
La diputada Claudia Mora afirmó que las contradicciones en la interpretación de la ley no pueden "abrir espacios para reducir condenas que deben cumplirse efectivamente". El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) recordó la ley de 2022 y sostuvo que "esto tiene que terminar".
Quien pierde con la propuesta es claro: los condenados que esperan resolución o recibieron beneficios recientes. El texto, sin embargo, abre una discusión sobre irretroactividad que las fuentes no detallan y que podría tensionar su trámite.
La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados de RN. Como reforma constitucional, deberá completar su tramitación en el Congreso antes de entrar en vigencia.
