El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arraigo nacional contra el alcalde de Chillán, Camilo Benavente Jiménez, formalizado por dos delitos de fraude al fisco en el llamado caso "Medialuna". La medida le impide salir de Chile mientras dure la investigación.
Según informó La Tercera, la Fiscalía de Ñuble sostiene que el jefe comunal habría causado una pérdida de 1.900 millones de pesos de dinero público por no usar una tasación fidedigna en la compra del predio de la medialuna comunal.
La resolución se dictó este lunes, cuando se retomó la audiencia de formalización iniciada el viernes y suspendida hasta esa jornada, según BioBioChile. La formalización es el acto en que la Fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por determinados delitos. No implica una condena.
En la audiencia, la fiscal Nadia Espinoza expuso que el 9 de noviembre de 2021 el Concejo Municipal aprobó suscribir los contratos de promesa y compraventa del inmueble por 3.276 millones de pesos. De acuerdo con la persecutora, las tres tasaciones ordenadas por el municipio se realizaron recién un mes después.
"A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó", afirmó la fiscal.
El segundo hecho imputado apunta a que Benavente habría acordado restituir a la sociedad vendedora las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna. Según la Fiscalía, omitió esa información ante el concejo cuando este aprobó la compraventa.
"Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos", sostuvo Espinoza.
El Ministerio Público había pedido medidas más severas: arresto domiciliario total, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactar a funcionarios municipales. El tribunal acogió solo el arraigo.
La fiscal justificó esa petición en que, a su juicio, "existen antecedentes de que han existido algunas presiones del alcalde, precisamente, y entes del municipio hacia algunas personas que son testigos en esta causa". La Fiscalía calificó la cautelar como insuficiente y anunció que evaluará apelar.
Benavente, según recogió Radio Contacto, valoró la decisión, reiteró su inocencia y defendió la compra del inmueble: "Vamos a demostrar que esto está bien hecho". Su abogado, Marcelo Villena, calificó el arraigo de "adecuado", aunque reconoció que esperaba que no se decretaran cautelares y cuestionó algunas tasaciones incorporadas a la causa.
Las fuentes no informan el número de causa (RIT o RUC). El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses, al término del cual la Fiscalía deberá decidir si acusa, pide el sobreseimiento u opta por otra salida.
