Foto: Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos humanos y exabogado del dictador Augusto Pinochet Las ex jefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, acusaron un cambio de criterio en la política de cumplimiento de penas. La situación implica directamente a condenados por graves violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) durante la dictadura.
De acuerdo con las juristas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prohibió a los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir ante solicitudes de libertad de condenados por graves violaciones a los derechos humanos. La medida generó una reacción inmediata de las extitulares del programa.
Las también integrantes de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, señalaron que “la inacción del Estado de Chile favorece las solicitudes de las defensas de los agentes para cumplir en libertad o bajo arresto domiciliario, las condenas que hoy los mantienen privados de libertad”, según consigna radio Biobío. Ministro de Justicia Fernando Rabat defendió a Pinochet en juicios complejos Según las tres abogadas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, exabogado de Pinochet, instruyó a través de la entonces jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que los abogados del programa no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos.
Las denunciantes afirmaron que “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”. Hay que consignar que el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat fue parte del estudio jurídico del recientemente fallecido líder del grupo terrorista en tiempos de Salvador Allende, Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, defendiendo a Pinochet en litigios complejos y en el caso Riggs, que involucró cuentas secretas del exdictador.
La actual administración definió un cese de la oposición estatal ante requerimientos judiciales de libertad, reza la denuncia pública. A diferencia de los indultos directos, esta modalidad permite que condenados por crímenes de lesa humanidad que argumenten su condición de ser adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado.