Una escena mínima en el recreo resume la tensión que busca ordenar el proyecto sobre convivencia: un estudiante se desregula, la inspectora pide que se lo lleven, el profesor jefe quiere volver a clase y aparece la dupla psicosocial con la instrucción de hay que registrar. En minutos hay varios adultos y ninguna claridad sobre quién lidera la intervención.
El Congreso envió el texto a fines de enero y ahora la iniciativa está a la espera de revisión del Tribunal Constitucional. El ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, presentó el proyecto como una transformación para fortalecer el bienestar socioemocional y entornos escolares más seguros e inclusivos.
El proyecto apunta a regular la convivencia, el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas. Sin embargo, el debate público ya no es solo sobre su alcance; es sobre la distribución de responsabilidades y los criterios para actuar cuando surgen crisis en el aula o en los patios.
Hoy, la convivencia escolar convive con protocolos, registros y requerimientos de la Superintendencia de Educación, la entidad fiscalizadora del sistema escolar. Esa superposición de normativas y programas obliga a los equipos a decidir entre documentar casos para cumplimiento administrativo o priorizar la intervención pedagógica y emocional.
Quienes quedan atrapados en esa tensión son los equipos que atienden las escuelas: coordinadores de convivencia, profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE), duplas psicosociales, equipos directivos y docentes. Muchos relatan que enfrentan crisis emocionales y situaciones de exclusión sin referencias claras y coherentes que orienten la acción inmediata.
El riesgo es doble. Por un lado, el énfasis en el registro administrativo puede empujar a trabajar para el papel, en vez de para la intervención. Por otro lado, la falta de liderazgo claro en la intervención puede derivar en respuestas fragmentadas: sanción cuando corresponde reparación, o contención cuando era necesaria una medida formativa.
Históricamente, Chile acumula marcos y programas sobre convivencia que no siempre se articulan. Esa fragmentación deja a cada escuela interpretando protocolos y a los sostenedores tomando decisiones dispares, con costos para la continuidad educativa y para la confianza de las familias.
¿Quién gana y quién pierde con la norma tal como está? Ganan quienes buscan trazabilidad y criterios administrativos claros. Pierden los equipos escolares que aumentan su carga burocrática, y potencialmente pierden estudiantes con necesidades socioemocionales si la respuesta prioriza papeles por sobre apoyo. También pueden perder las familias si el sistema no garantiza tiempos y recursos para la reparación y el aprendizaje.
La discusión concreta ahora será la revisión constitucional y la posterior reglamentación. Para que la ley cumpla su promesa de mejorar la convivencia, requerirá articularse con los programas existentes, clarificar responsabilidades y dotar de recursos y formación a quienes intervienen en la escuela. Sin esos ajustes, la norma puede consolidar una escuela que registra problemas, pero no los resuelve.
