El 64% de los chilenos considera que el estallido social fue negativo para el país, según T13, que difundió los resultados del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD). La cifra sube siete puntos porcentuales respecto de 2024 y se conoce a días de que este domingo 18 de octubre se cumplan siete años de las protestas.
El estudio siguió a las mismas 978 personas en distintas mediciones entre 2019 y 2026. Ese diseño permite ver cómo cambiaron las opiniones de un mismo grupo sobre las manifestaciones, la violencia y los efectos políticos y sociales de ese período.
El cambio más marcado aparece en la pregunta sobre si el estallido fue necesario. En 2024, el 46% lo consideraba necesario y en octubre de 2026 esa cifra bajó al 31%. Quienes lo califican como innecesario pasaron del 36% al 52%.
El rechazo a la violencia también creció. El 89% considera ilegítima la destrucción de bienes públicos durante las manifestaciones, frente al 73% de 2019. Además, el 80% rechaza que los cambios sociales se consigan mediante acciones violentas.
La postura frente a la respuesta de las autoridades se invirtió. Hoy, el 70% estima que el Gobierno no debe ceder ante protestas violentas. En octubre de 2019, esa opinión alcanzaba apenas el 36%.
La valoración de las protestas siguió otro camino. El 49% cree que las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 fueron una expresión válida, más que el 38% de 2024, aunque bajo el 64% registrado hace siete años.
Las opiniones sobre Carabineros también se movieron. En 2019, el 62% consideraba más grave la violencia policial y el 38% apuntaba a las agresiones contra los uniformados. En la medición de este año, las cifras casi se igualan: 49% y 51%, respectivamente.
La encuesta preguntó además por la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast indulte a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido. El 51% se declaró en desacuerdo, el 37% a favor y el 12% dijo no saber.
Por último, el 67% rechazó cambiar el nombre de Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad, como se conoció popularmente al lugar durante las protestas. En 2022, el 58% se oponía a esa denominación.
