El delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, reconoció este viernes que podrían existir negligencias en la construcción de Villa El Mirador, conjunto habitacional de esa comuna de la Región del Biobío afectado por remociones en masa y grietas, según La Tercera. La autoridad pidió la evacuación preventiva de 152 familias.
Marileo habló en el programa Desde la Redacción, de ese medio. Explicó que el riesgo de nuevos deslizamientos se concentra en las plataformas 100 y 200 del conjunto, y que la situación empeoró en los últimos días por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.
La mayor preocupación está en la plataforma 200. Allí una grieta ha crecido de forma sostenida y el terreno ha cedido hasta alcanzar una calle cercana a las viviendas.
"Obviamente están saturados los terrenos, ha caído mucha agua", explicó el delegado. Agregó que se aplicaron medidas de mitigación rápidas, sobre todo la recanalización de aguas lluvias, mientras se evalúan obras para estabilizar el suelo.
La historia de la villa se remonta al terremoto y tsunami de 2010. Las familias damnificadas fueron trasladadas a ese sector y recibieron sus viviendas en 2014. Desde entonces, según Marileo, se han acumulado advertencias sobre las condiciones del terreno.
El delegado mencionó cerca de 14 oficios municipales referidos a las dificultades del sector. También recordó que en 2024 ya se había registrado un episodio de remoción en masa en el lugar.
"Se tomaron decisiones a lo mejor no adecuadas en términos de lo que ha ido sucediendo ahí", sostuvo. Añadió que los terrenos de Arauco son complejos y que, como ha conversado con el alcalde, cuesta encontrar suelos con condiciones óptimas para construir.
Marileo agregó que existían informes anteriores y posteriores al terremoto. "Evidentemente hay posibles negligencias que se pudiesen dar ahí, pero eso se verá en su momento", afirmó. Se evaluarán auditorías internas para establecer responsabilidades, aunque la prioridad, dijo, es enfrentar la emergencia y resguardar a los vecinos.
La fuente no precisa qué organismos tomaron las decisiones sobre el terreno ni quiénes firmaron los informes técnicos citados por el delegado.
Mientras tanto, el gobierno dispuso albergues, hostales, cabañas y subsidios de arriendo para propietarios y arrendatarios. El destino definitivo de las familias depende de estudios técnicos que tardarán entre dos y tres meses. Si concluyen que el terreno no es apto, Marileo aseguró que ya se trabaja en buscar una solución de reubicación.
