Según La Tercera, los rectores de universidades estatales y privadas tradicionales actúan en bloque, con pocas excepciones, contra los recortes a la educación superior del proyecto de Presupuesto 2027. Lo han hecho con cartas, minutas y oficios, y empezaron a moverse incluso antes de que el gobierno ingresara la iniciativa al Congreso.
El medio destaca que la reducción de recursos propuesta por el Ministerio de Educación (Mineduc) juntó a instituciones que antes defendían cada una su propia vereda, ya fueran estatales, privadas o regionales, y que en otros años se disputaban los fondos.
La principal crítica apunta a cómo se reparte el ajuste. De acuerdo con los rectores, de cada 10 pesos que se propone rebajar en educación superior, más de 9 salen de la partida de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
"Esta concentración es injusta", dijo a La Tercera Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y presidenta del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech). Agregó que entiende la estrechez fiscal, pero que el recorte no lo puede pagar la educación. Según ella, el impacto llegará a comunidades de Arica a Magallanes.
La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, resumió la diferencia con otros años: antes el reclamo era que el aumento resultaba escaso y ahora el proyecto "nos deja muy abajo". Solange Tenorio, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), dijo que el Presupuesto 2027 suma recortes a las rebajas que ya se aplicaron en 2026.
El malestar también llegó a las universidades privadas tradicionales. Egon Montecinos, rector de la Universidad Austral y vicepresidente de la Red G9, advirtió que el proyecto pone en riesgo el desarrollo territorial y la sostenibilidad del sistema. La Red G9 agrupa a las universidades católicas, la de Concepción y la Federico Santa María. Montecinos dijo compartir la urgencia de fortalecer la educación inicial.
El primer choque ocurrió el 7 de octubre en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde expusieron Mizala, Durán y Osvaldo Corrales, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch). Mizala habló además por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), que administra la prueba de admisión, por las Actividades de Interés Nacional y por los aportes basales. Al terminar la jornada, la subcomisión rechazó la partida de educación superior.
En esos días también circuló una dura carta del rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, quien dijo que le resultaba "difícil identificar qué objetivo de política pública persigue" el recorte.
Después de esa votación, el Cruch, que reúne a 30 universidades estatales y privadas, envió una carta a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y María Paz Arzola (Educación). Según La Tercera, pide reponer el financiamiento basal e institucional eliminado en el proyecto y modificar una glosa presupuestaria, cuyo detalle no aparece completo en la información disponible.
