La Fiscalía Nacional obtuvo 238 sentencias condenatorias contra agentes del Estado en las 11.504 causas por violencia institucional abiertas durante el estallido social. La cifra equivale al 1,5% del total de casos registrados entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
Los datos, actualizados al 5 de agosto de 2026, fueron publicados por La Tercera a partir de cifras del Ministerio Público. Se entiende por violencia institucional un delito cometido por un agente del Estado, como un carabinero o un militar, contra manifestantes.
Del total, 11.105 causas (96,5%) ya están cerradas. Otras 378 (3,2%) siguen vigentes y 21 (0,1%) están suspendidas.
La mayoría terminó sin que un tribunal se pronunciara. El 70,3% de los cierres fue una "salida no judicial". El 46% (6.928 casos) terminó en archivo provisional, figura que suspende la investigación mientras no aparezcan nuevos antecedentes. Un 24,2% cerró por decisión de no perseverar, es decir, la Fiscalía concluyó que no tenía pruebas suficientes para acusar. Otro 24,1% (3.640 causas) se agrupó con otros casos.
Entre las salidas judiciales, además de las 238 condenas, hubo 180 sentencias absolutorias (1,2%) y 154 sobreseimientos definitivos (1%), que cierran la causa a favor del funcionario. Solo dos casos terminaron en acuerdo reparatorio. El 68,9% de las condenas se dictó en juicio oral, el 25,2% en procedimiento abreviado y el 5,8% en simplificado.
Uno de esos fallos quedó firme en enero, cuando la Corte Suprema confirmó la condena del capitán de Carabineros Tomás Rodríguez por apremios ilegítimos. Rodríguez disparó perdigones contra la actriz María Paz Grandjean y deberá cumplir tres años de libertad vigilada.
Alejandra Seguel, directora de la unidad especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, describió el estallido como un "fenómeno nuevo". Atribuyó los resultados a la masividad de los casos y a que se trataba de tipos penales relativamente nuevos para el sistema chileno.
Según Seguel, los hechos ocurrieron "concentrados en muy pocos días, en pocas horas, en un ambiente de bastante desorden", lo que dificultó reunir pruebas. Agregó que la responsabilidad penal es individual y que, cuando varios policías participan en un procedimiento, la Fiscalía no puede avanzar si no logra determinar la participación de una persona en particular.
Las causas con víctimas menores de edad muestran un resultado similar. Según un informe de la Defensoría de la Niñez citado por ADN Radio, de 1.885 causas iniciadas por vulneraciones a niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones de 2019, solo 28 terminaron en condena (1,3% de los procesos concluidos). Otras 1.061 se archivaron provisionalmente y 434 cerraron por decisión de no perseverar.
El mismo informe registró 525 niños, niñas y adolescentes como víctimas de presunta violencia institucional entre enero y septiembre de 2026, el 97% de los casos de todo 2025. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que las garantías de no repetición "no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos".
La Defensoría pidió fiscalizar la aplicación de las Reglas del Uso de la Fuerza aprobadas por el Congreso y restringir el uso de armamento potencialmente letal. En la Fiscalía, 378 causas del estallido siguen abiertas.