El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, defendió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, según Cooperativa. Afirmó que el secretario de Estado solo cumplió la ley al rebajar las condenas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Además, acusó a la administración de Gabriel Boric de haber esquivado el problema al derivarlo a los tribunales.
La polémica escaló cuando Rabat reconoció que la mayoría de los beneficiados ya está en libertad. Del total, 27 fueron condenados por abuso sexual y 29 por violación. La oposición anunció que prepara una eventual acusación constitucional y pidió la renuncia del ministro.
Rabat argumentó que las rebajas son una obligación impuesta por la Corte Suprema. Según el ministro, existía un vacío legal antes de 2022, año en que la ley excluyó a estos reclusos del beneficio por buena conducta. La cartera suspendió los trámites en curso, pero los decretos ya promulgados seguirán vigentes.
Ramírez respondió a la presión opositora. "Yo nunca le voy a pedir a un ministro que se salte la ley, porque uno sabe dónde eso empieza y no sabe dónde termina", dijo. Sobre la gestión anterior, sostuvo que el gobierno de Boric fue "sacar las castañas con la mano del gato", porque envió los decretos a la Corte Suprema y fue esta la que los cursó.
En el oficialismo hubo matices. La diputada Paz Charpentier, del Partido Republicano, aseguró que la oposición busca "pegarle al Gobierno". Su par de Evópoli, Jorge Guzmán, calificó de "inaceptable" la rebaja de condenas.
Desde el Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca explicó la base de un posible libelo. "Si de los antecedentes se acredita una infracción constitucional o legal del ministro, corresponde evaluar una acusación constitucional con rigor", señaló. También criticó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast no tome decisiones concretas para cerrar las excepciones legales.
La senadora del PPD Loreto Carvajal afirmó que la permanencia de Rabat "se vuelve insostenible". La diputada comunista Lorena Pizarro habló de un "escándalo inaceptable".
El exministro de Justicia José Antonio Gómez, que ocupó el cargo con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aportó un precedente. Contó que en 2014 o 2015 rechazó decretos similares y acudió a la Corte, pero los fallos favorecieron insistentemente a los condenados. Según Gómez, hoy existen fallos que revierten ese criterio, por lo que pidió seguir insistiendo ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, pidió a las instituciones explicar los fundamentos de estas decisiones y revisar los beneficios otorgados. "Lo central es determinar si el Estado está cumpliendo adecuadamente su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes", sostuvo.
El gobierno anunció que ingresará con urgencia un proyecto para modificar el procedimiento y las causales de reducción de condenas, endurecer requisitos e incorporar el derecho de las víctimas a ser escuchadas. También impulsará los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa con apoyo transversal que cursa su segundo trámite en el Senado.
