El pleno de la Corte Suprema aprobó el viernes la primera política de uso de inteligencia artificial (IA) del Poder Judicial, según La Tercera. De acuerdo con ese medio, la regulación prohíbe que la tecnología decida casos, valore la prueba o fundamente resoluciones y sentencias.
La aprobación ocurrió en la jornada de cierre de las sesiones de reflexión del máximo tribunal. Esa mañana expuso el académico Juan Domingo Velásquez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, sobre el impacto técnico y ético de estas herramientas en la labor judicial.
Después, los ministros deliberaron sobre la propuesta que elaboraron la Dirección de Estudios y el ministro Jean Pierre Matus. El objetivo es avanzar hacia un auto acordado, es decir, una norma interna de la Corte, y una política institucional. Según fuentes del pleno citadas por La Tercera, los supremos dieron su visto bueno y el documento se publicará en los próximos días.
El cambio principal, según quienes han revisado el texto, es el paso de un uso individual de la IA a uno institucional. Tras la publicación, en el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial solo se podrán emplear los usos autorizados por la Comisión de Tramitación Electrónica.
Esas autorizaciones detallarán para qué se puede usar cada herramienta, con qué tipo de información y en qué condiciones. El peso estará en el uso específico aprobado y no en contar con una licencia o cuenta de algún servicio de IA.
El documento define la IA como un sistema que ayuda a inferir resultados a partir de la información proporcionada. Por eso quedaron fuera de la definición las plantillas, los modelos de escritos y la automatización.
La protección de datos fue otro eje del debate. La política prohibirá ingresar a herramientas no autorizadas información vinculada a proyectos de fallos o datos personales.
Los límites son el núcleo de la regulación. Hay funciones que nunca podrán autorizarse: la IA no podrá decidir un caso, reemplazar la valoración de la prueba ni hacerse cargo de la fundamentación de resoluciones o sentencias.
Además, todo uso autorizado exigirá revisión humana. La política permite usos instrumentales de apoyo a la función jurisdiccional y proscribe de forma explícita los usos sustitutivos. La idea es asegurar que quien resuelva sea siempre el juez, con su propio juicio.
Para aplicar estas reglas, el Poder Judicial ofrecerá una tabla para graduar riesgos y un catálogo de sistemas y usos autorizados.
La nueva política complementa la regulación inicial del Código de Ética Judicial, trabajado por la ministra Adelita Ravanales, y un oficio que Matus y la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, enviaron en agosto a todas las jurisdicciones con un marco inicial sobre estas herramientas.
Como la tecnología cambia rápido, el texto crea un mecanismo de gobernanza: un Comité de IA integrado por un ministro de la Corte Suprema y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial. Se sumará un canal para que funcionarios y jueces propongan nuevas pruebas, usos o pilotos.
Según La Tercera, se espera que Chevesich informe sobre la política a los medios este lunes.
