El Senado aprobó este martes, con 36 votos a favor y 4 en contra, la séptima prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur que impulsa el actual gobierno, según La Tercera. La medida rige en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío.
A la sesión asistieron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García. De acuerdo con el informe del Ejecutivo, en la sala se advirtió que la violencia en el sur persiste pese a la mejora de las cifras.
El principal argumento del gobierno es la baja sostenida de los hechos violentos. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, entre el 1 de enero y el 11 de octubre de 2021 hubo 1.352 hechos violentos. En el mismo período de este año se registraron 198, una reducción de 85,4%.
La caída fue constante. Hubo 860 hechos en 2022, 753 en 2023, 395 en 2024 y 264 en 2025. Entre 2025 y 2026 la baja llegó a 25%, con 66 eventos menos.
El lunes, en el Congreso, el ministro de Defensa, Fernando Barros, comparó la zona con un enfermo que mejora. "No sería responsable de parte nuestra dar por terminado el tratamiento cuando aún hay episodios de fiebre", dijo.
El desglose por tipo de delito, con cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), muestra diferencias. Los bienes incendiados cayeron 70% en un año y 93% desde 2021. Las usurpaciones bajaron 96% desde 2021. Los cortes de ruta disminuyeron 75% en un año y los ataques incendiarios, 19%. La presencia de armas de fuego apenas se redujo 1% en el último año.
Según la PDI, los atentados reivindicados pasaron de 10 en 2025 a 2 en 2026, al 11 de octubre. Sin embargo, entre el 12 y el 16 de octubre se reportó el incendio de cuatro excavadoras en una faena forestal de Angol, sin lesionados. El informe también menciona hechos recientes en Collipulli y Lumaco.
Desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 11 de octubre de 2026, el despliegue suma 733.052 controles y 1.500 detenidos. La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, atribuyó los avances al trabajo coordinado de policías, Fuerzas Armadas e instituciones del Estado, y afirmó que demuestran la importancia de mantener la medida.
La fuente no detalla quiénes votaron en contra ni sus argumentos. Giannini adelantó que el Ministerio de Seguridad Pública seguirá como querellante en numerosas causas por estos hechos, para evitar que los responsables queden impunes.
