La Contraloría General de la República demoró una semana la toma de razón del decreto que promulgó la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, según La Tercera. El origen del retraso fueron presuntas inconsistencias entre el texto enviado por el Gobierno, lo aprobado por el Congreso y lo revisado por el Tribunal Constitucional (TC).
La Moneda ingresó el decreto el viernes 9 de octubre. Hasta las 17 horas del viernes 16, la contralora Dorothy Pérez aún no se pronunciaba. Cerca de las 19 horas de ese día, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió el visto bueno. La Contraloría cursó la toma de razón con alcances y el Gobierno publicó la ley el sábado en el Diario Oficial.
El proyecto venía de un camino largo. El Presidente José Antonio Kast lo anunció el 14 de marzo. La discusión interna y la guerra en Irán postergaron su ingreso al Congreso hasta el 22 de abril. Después vinieron una comisión mixta, tres vetos y tres procesos ante el TC, que tardó casi un mes en su última revisión.
El nudo estaba en una norma ambiental. En el primer litigio, el TC eliminó el artículo que indemnizaba a inversionistas cuando un tribunal anulara una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el permiso que habilita un proyecto en Chile. Sin embargo, el fallo no suprimió las normas conexas que hacían operativa esa compensación.
Según La Tercera, el Ejecutivo detectó el problema y esperaba que el TC limpiara esos artículos en las revisiones siguientes. Eso no ocurrió. Con el trámite legislativo y constitucional agotado, el Gobierno, tras consultas técnicas con el Congreso, envió igual el decreto. Su argumento: la norma sobrante no tenía efecto jurídico.
Ese tipo de incoherencias, recuerda el medio, se suele corregir cada año en la Ley de Reajuste del Sector Público. Por eso en La Moneda no esperaban que la contralora se detuviera en ese punto.
Durante la semana hubo contactos informales y llamadas entre las instituciones. De acuerdo con testigos citados por La Tercera, la Contraloría advirtió al Ejecutivo inconsistencias con el oficio de la Cámara de Diputados, cámara de origen del proyecto. Otras versiones sostienen que la contralora se excedía en sus facultades al objetar la norma ambiental.
Según el diario, Pérez sugirió retirar y reingresar el decreto para corregir el texto. La idea era evitar que la Contraloría tuviera que «representar» públicamente sus observaciones, es decir, rechazar el decreto por ilegal o inconstitucional. Al menos cuatro personas del Gobierno, el Congreso y el TC estimaban que esa sugerencia era imposible de cumplir, porque el Ejecutivo no podía alterar un texto ya despachado.
La Contraloría negó una paralización. «El decreto promulgatorio ingresó el viernes pasado y se encuentra en estudio dentro de los plazos legales», informó la entidad a La Tercera. Su ley orgánica le da 15 días hábiles, prorrogables por otros 15, y sólo habían pasado cuatro. En otras leyes, el trámite ha tomado menos de 24 horas.
El episodio deja un precedente sobre el alcance del control de legalidad de la contralora frente a textos ya validados por el Congreso y el TC. La fuente no detalla el contenido de los alcances con que se cursó el decreto. La ley ya rige tras su publicación del sábado 17 de octubre en el Diario Oficial.
