La Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles en la madrugada a Álex Antonio Vega Torres. Es dirigente histórico de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), agrupación que hoy está disuelta, y fue encargado de la agrupación modular 19-20 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Según informó BioBioChile, la detención forma parte de una nueva arista de la Operación Apocalipsis. En diciembre pasado, esa investigación terminó con más de 40 gendarmes formalizados. Ahora la PDI detuvo a tres personas, entre ellas Grace Valeska Bascur Villarroel, cónyuge de Vega. ADN Radio llamó al procedimiento Operación Apocalipsis II e informó que participaron la Fiscalía, la PDI y Gendarmería.
De acuerdo con fuentes citadas por BioBioChile, la policía allanó 14 inmuebles: siete en la Región Metropolitana, cuatro en el Maule, dos en el Biobío y uno en Magallanes. También revisó casilleros en Santiago 1, en el Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, en el Complejo Penitenciario Bío Bío y en el penal de Punta Arenas. ADN Radio agregó que en uno de los allanamientos se encontraron armas y municiones.
La causa deriva del Foco Penitenciario de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que dirige Marcos Pastene. La Fiscalía busca desarticular una estructura que habría permitido ingresar drogas, celulares y otras especies prohibidas a los penales, a cambio de pagos de internos, exinternos, visitas y personas externas.
En esta arista, la Fiscalía investiga a Vega por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Según los antecedentes de la causa, entre enero de 2020 y diciembre de 2025 habría recibido pagos sistemáticos de internos, exinternos, visitas e incluso funcionarios de Gendarmería por facilitar el ingreso de especies a Santiago 1.
El análisis bancario detectó abonos por cerca de $248 millones en cuentas vinculadas al dirigente. De ese total, unos $131.443.871 no tendrían una justificación aparente. La Fiscalía también investiga el uso de cuentas de terceros, depósitos fraccionados en efectivo y la compra de una casa en Cerrillos y de un vehículo inscrito a nombre de su cónyuge.
Los persecutores pidieron al Tribunal de Garantía medidas cautelares sobre el vehículo y la casa, además de congelar once cuentas corrientes de los detenidos. ADN Radio informó que la organización habría obtenido ganancias superiores a $6.000 millones. BioBioChile no entrega esa cifra.
La investigación también reunió antecedentes que apuntan a que Vega y personas de su confianza habrían sustraído urnas de una votación de la Anfup, con el supuesto fin de alterar los votos y seguir en la dirección de la asociación.
El expediente incluye además la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales en Santiago 1. Según la imputación, el 18 de enero de 2018 Vega y el funcionario Juan Farías Pumero redujeron a Muñoz para trasladarlo al módulo 19. En ese procedimiento, Vega habría provocado que el interno golpeara su cabeza contra un pilar.
La Fiscalía sostiene que Farías no intervino para impedirlo, aunque tenía el deber de hacerlo. Muñoz murió el 20 de enero de 2018 por un traumatismo encéfalo craneano. La causa había sido cerrada sin formalizados, pero en abril el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la reabrió por nuevos antecedentes. Farías es hoy alcaide del penal de Punta Arenas.
Vega acumulaba al menos 11 sumarios en Gendarmería. En 2008 fue condenado a 541 días de reclusión por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II y la pena fue sustituida por un régimen alternativo.
Hasta el cierre de esta nota, no se había fijado la hora de la audiencia de formalización de los detenidos, que según BioBioChile podría confirmarse durante el día.
