Cinco funcionarios del Poder Judicial ingresaron un recurso de protección en tribunales de Santiago en el que acusan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) de incurrir en una omisión ilegal al no corregir brechas salariales que, según ellos, se mantienen desde hace años.
Los recurrentes se identifican como administradores y jefes de unidad de tribunales de la jurisdicción de Santiago y están asociados a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud). En el escrito sostienen que existen distorsiones reconocidas institucionalmente en la estructura de sueldos del escalafón profesional superior, pero que nunca se ha dictado un acto administrativo que las corrija de manera definitiva.
Según el recurso, las diferencias afectan principalmente a las asignaciones de nivelación y responsabilidad de los grados 8°, 9°, 10° y 11°. Los recurrentes relatan que, pese a la instalación de mesas técnicas y a diversas gestiones en los últimos años, las autoridades no han dictado una resolución fundada que ponga término a la inequidad que, afirman, se repite mes a mes cuando perciben remuneraciones menores a las que corresponderían bajo criterios de igualdad interna.
En su presentación recuerdan que en 2016 se aplicó una nivelación a jueces grado 6, lo que, a su juicio, demuestra que el Estado ha reconocido distorsiones salariales en el pasado pero no ha extendido correcciones al personal administrativo. El recurso expone que, mientras en el escalafón primario las diferencias entre grados rondan el 14 por ciento, en el escalafón secundario pueden llegar hasta un 48 por ciento sin que exista una justificación técnica o jerárquica formalmente explicitada.
Los funcionarios invocan la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, al sostener que la brecha genera un perjuicio patrimonial continuo. Solicitan que el tribunal declare la existencia de una omisión ilegal y ordene a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Presupuestos dictar un acto administrativo fundado que corrija las distorsiones remuneracionales denunciadas.
La denuncia fue consignada por medios de prensa que tuvieron acceso al recurso. En la documentación disponible no consta una respuesta formal de las instituciones implicadas, ni una fecha explícita de presentación del recurso en los antecedentes difundidos públicamente.
Si el tribunal acoge la demanda, la orden judicial obligaría a los organismos recurridos a adoptar una decisión administrativa fundada. La implementación práctica de cualquier corrección remuneracional exigiría, además, evaluación y disposición de recursos presupuestarios por parte de la Dipres y decisiones internas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, pasos que podrían demorar la corrección que los recurrentes reclaman.
Más allá del resultado judicial, la petición pone en foco una discusión más amplia sobre la estructura de remuneraciones en la administración judicial y la persistencia de brechas salariales dentro del Estado. Para los recurrentes, la resolución que busquen ante los tribunales pretende no solo reparar un perjuicio individual, sino establecer un acto administrativo que impida la repetición mensual de una desigualdad que califican de estructural.
