A horas del balotaje en Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, que disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Keiko Fujimori, recibe un golpe inesperado en el plano judicial. Un juez dio la orden de abrir juicio oral por presunta falsa declaración en la financiación de su partido entre 2018 y 2020, una señal de que la contienda política se cruza con el escrutinio de cuentas y aportes. Sánchez, en un mensaje publicado en X, comentó que no cree en las casualidades y afirmó que la campaña crece cuando surgen esfuerzos por frenarla sin base democrática. «Por cierto, después de 15 horas de audiencia en apenas dos días, un juez anunció que mi caso irá a juicio oral», añadió, asegurando que ni él ni sus abogados conocen aún los fundamentos de la decisión. En sus palabras late la tensión entre rugidos de campaña y el ruido de los tribunales, un equilibrio que marca la recta final de una elección crucial para el país.

La resolución fue emitida por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Farfán, que declaró concluida la etapa intermedia del proceso, aunque la medida no es definitiva porque fue apelada por la defensa y deberá ser ratificada por un tribunal superior. Esta vía procesal mantiene el caso vivo en la arena electoral, sin afectar aún la contienda que se define este domingo.

La Fiscalía acusa a Sánchez y a otras personas, entre ellas su hermano William, de desviar a cuentas personales unos 280.000 soles (aproximadamente 58.650 dólares) de fondos de financiación electoral del partido Juntos por el Perú. El fiscal plantea una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes. Sánchez sostiene que actuó de forma legal y que ya rindió cuentas ante los organismos electorales, y que la acusación busca frenar su candidatura mientras el país se acerca al balotaje.

El candidato participa en representación del expresidente Pedro Castillo, quien estuvo en el poder entre 2021 y 2022 y actualmente enfrenta su propio abanico de controversias. Sánchez disputará la jefatura del Estado peruano para el periodo 2026-2031 contra la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, en una definición que ha atravesado denuncias y temores sobre la transparencia del financiamiento de la campaña. La defensa ya anunció que apelará la resolución, y el fallo final deberá ser resuelto por un tribunal superior, manteniendo el proceso vivo y abierto a la interpretación de las partes y del entorno electoral.