Un decreto que otorgaba una concesión para el proyecto de cable submarino con participación de una empresa china fue firmado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y dejado sin efecto a los dos días, según reveló El Mercurio.

El documento, firmado el 27 de enero y anulado el 29 de enero, concedía una autorización intermedia a CMI Chile SpA, filial de China Mobile International, y contemplaba una vigencia de 30 años, según el informe. La anulación se produjo tras una solicitud de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que atribuyó la medida a «razones de error técnico o en su tipeo» y calificó la firma previa como inválida por formalidades.

La revelación tensiona la versión inicial del Ejecutivo, que hasta ahora había dicho que el proyecto todavía estaba en análisis y que no había existido una aprobación definitiva. El caso pasó a ser además un eje diplomático luego de que Estados Unidos revocara la visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, argumento que se enmarcó en supuestos riesgos a la seguridad regional y a la infraestructura crítica de telecomunicaciones.

En su arribo a la OPE, el presidente electo José Antonio Kast abordó la polémica y planteó que la materia «está siendo tratada internamente» y que corresponde aclararla. «Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde, con las autoridades que irán asumiendo», dijo el mandatario electo, señalando que las decisiones exceden a una sola persona.

La respuesta política inmediata vino desde la UDI. La bancada del partido anunció que impulsará acciones fiscalizadoras al inicio del nuevo período legislativo. Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto a la diputada Marlene Pérez, informó que el 11 de marzo solicitarán la creación de una comisión investigadora para esclarecer por qué el decreto llegó a emitirse y luego fue anulado. Los parlamentarios criticaron la falta de transparencia y acusaron al Gobierno de sucesivas omisiones y contradicciones.

Históricamente, los proyectos de infraestructura con participación china han generado recelos en la región y preocupación por la seguridad de redes y datos, lo que explica el interés de Estados Unidos y de sectores políticos locales. En ese contexto, la firma y rápida anulación del decreto profundiza la desconfianza y plantea dos efectos concretos: erosiona la credibilidad del Ejecutivo en materia de transparencia administrativa, y aumenta la presión política para controles más estrictos sobre adjudicaciones que involucren a actores extranjeros en infraestructura sensible.

Para el ciudadano común, las consecuencias son prácticas y políticas. En lo inmediato, queda en duda el estado real del proyecto y la calidad del control institucional sobre concesiones. En lo diplomático, la controversia puede complicar las relaciones con Estados Unidos y con China, dos socios relevantes para Chile en comercio y tecnología. El caso seguirá en la agenda: la solicitud de comisión investigadora está agendada para el 11 de marzo y el Gobierno deberá explicar públicamente las razones formales que motivaron la anulación y cuándo y cómo se tomó la decisión original, según las fuentes disponibles. Mientras tanto, la contradicción entre lo dicho por la administración y lo que figura en documentos oficiales alimenta la exigencia de rendición de cuentas.