Según Emol, las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abrieron un debate en el oficialismo. La discusión gira en torno a dos preguntas: qué hacer con los beneficios ya concedidos y cómo evitar que se repitan.
Las respuestas apuntan a dos caminos. Renovación Nacional (RN) impulsa una reforma constitucional para dejar sin efecto ciertas rebajas recientes. La Unión Demócrata Independiente (UDI) pide al Gobierno evaluar si es jurídicamente posible revocar los decretos.
La propuesta de RN la impulsa la diputada Ximena Ossandón. Establece que los beneficios penitenciarios se rijan por la ley vigente al momento de resolver su otorgamiento, y no por la que regía cuando se cometió el delito.
Una disposición transitoria aplicaría la regla a solicitudes pendientes, sin importar la fecha del delito. Además, los beneficios concedidos por resolución administrativa durante los seis meses previos a la publicación de la reforma quedarían sin efecto de pleno derecho.
"Definitivamente hay una barrera constitucional que, al menos en este caso, no parece razonable", sostuvo Ossandón. Agregó que no se puede tolerar que violadores y abusadores "se amparen en regímenes legales que ya tenemos superados como sociedad". Su par Claudia Mora dijo que el objetivo es evitar que interpretaciones contradictorias reduzcan condenas que deben cumplirse.
Desde la UDI, la jefa de bancada Flor Weisse y las diputadas Marlene Pérez, Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo pidieron al Gobierno y al Ministerio de Justicia estudiar la revocación de los 56 decretos firmados desde el 11 de marzo.
Las parlamentarias anunciaron también un proyecto para permitir, de forma excepcional, la aplicación retroactiva de la reforma de 2022. Esa ley prohíbe que condenados por abuso sexual y violación de menores accedan a rebajas de condena.
Las diputadas reconocieron que la Corte Suprema ha rechazado aplicar esa restricción a delitos anteriores a la ley. Sin embargo, afirmaron que el máximo tribunal ha usado criterios distintos en otros casos y sí permitió la aplicación retroactiva.
Como precedente citaron las pensiones de gracia ligadas al estallido social. Según su versión, el Gobierno anterior dejó sin efecto 27 decretos tras presiones políticas y luego de que la Contraloría ratificara que tenía facultades para invalidarlos.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que ingresó un proyecto con firmas de distintos sectores. "Lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción, este beneficio", afirmó. A su juicio, la solución debe quedar en la ley y no "depender del ministro que esté de turno".
Sobre revertir las rebajas ya concedidas, Núñez dijo que hay disposición a estudiarlo, aunque reconoció que requiere revisión jurídica. El nudo es la irretroactividad penal, principio que impide aplicar normas más duras a hechos pasados.
En paralelo, las diputadas del Partido Cristiano de Chile Sara Concha y Francesca Muñoz anunciaron un proyecto para eliminar las excepciones e interpretaciones legales que hoy permiten a estos condenados acceder a rebajas de pena. La fuente no detalla cuándo se votarán estas iniciativas.
