El Juzgado de Garantía de Rancagua ratificó este martes la medida cautelar de prisión preventiva contra el excarabinero Sergio Millar y otros dos imputados por el millonario asalto a la empresa Brinks ocurrido en agosto de 2024.

En la audiencia, el fiscal de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, sostuvo que la estructura delictual no habría podido consumar el robo sin la colaboración de uniformados. Según el persecutor, los carabineros implicados otorgaron a los autores una ventaja de 7,5 kilómetros y adicionalmente una ventaja temporal aproximada de 5 a 10 minutos, además de facilitar información logística, como el uso de una radio que permitió a los asaltantes confirmar que el procedimiento era falso y emprender la fuga.

"Sin la participación ni el reclutamiento de los carabineros, no se habría podido llevar con éxito el delito", afirmó el fiscal durante su exposición, y agregó que con esos antecedentes los imputados pudieron sustraer la suma comprometida en el asalto.

La defensa de Millar, dirigida por el defensor público Franco Vassallo, apeló a la colaboración del exoficial y a su arraigo social para solicitar una cautelar menos gravosa. El tribunal rechazó esos argumentos y fundamentó la mantención de la prisión preventiva en la peligrosidad actual de los imputados y el riesgo para la seguridad pública.

Hasta la fecha, cinco funcionarios de Carabineros de Chile han sido desvinculados por sus vínculos con la organización investigada. Entre ellos figura una funcionaria en servicio activo, detenida en enero pasado, a quien la Fiscalía señala como la presunta líder del grupo de uniformados que ofreció cobertura logística a la banda criminal.

El robo a Brinks, uno de los mayores en la historia reciente del país, dejó en manos de la organización casi 12.000 millones de pesos, según la investigación fiscal. Con la resolución del Juzgado de Garantía, Sergio Millar, Raúl Peñaloza y Luis Candia permanecerán recluidos mientras avanza la indagatoria y se reúnen más diligencias periciales y testimonios.

La Fiscalía anunció que seguirá recabando pruebas y que evaluará futuras formalizaciones conforme avance el análisis de comunicaciones, georreferenciación y el cruce de información entre los imputados y los exuniformados desvinculados. El tribunal fijó sin embargo las cautelares por ahora, indicando que la investigación continúa abierta.