En su primera sesión de 2026, el Comité de Ministros resolvió tres reclamaciones pendientes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El órgano encargado de dirimir estas apelaciones confirmó y revocó decisiones que habían dividido a comunidades, autoridades locales y empresas.
El Comité mantuvo la aprobación del gasoducto GNL Penco Lirquén, que afecta a Penco y Lirquén en la Región del Biobío, y confirmó la puesta en marcha de la planta de residuos industriales CIGRI en Tiltil, en la Región Metropolitana. Además, revirtió el rechazo que en julio de 2024 había emitido la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) y aprobó las obras habilitantes del proyecto Costa de Montemar etapa VI, que permitirían edificar sobre dunas en Concón, Región de Valparaíso. Antecedentes relevantes El proyecto en Concón ya había tenido sanciones administrativas: la empresa Reconsa fue multada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2020 por construcciones realizadas casi en su totalidad sin evaluación ambiental. La COEVA rechazó el expediente en 2024 debido a los riesgos sobre el campo dunar y su influencia en el Santuario de la Naturaleza cercano. Ese santuario es una figura de protección legal para áreas naturales, y los letrados que lo defienden alertaron sobre socavones y señales de colapso tras las lluvias de 2023 y 2024. Consecuencias Las decisiones sostienen la marcha de proyectos que ya cuentan con inversión y aval técnico, pero también reavivan conflictos sociales. Comunidades y municipios que reclamaron irregularidades anunciaron su rechazo, y abogados defensores del santuario han señalado la posibilidad de recursos judiciales. Para Concón, la habilitación de lotes a menos de 80 metros del santuario implica un aumento del riesgo sobre un ecosistema ya degradado.
Quién gana y quién pierde es claro: las empresas titulares avanzan en obras y desarrollos, mientras las comunidades, agrupaciones ambientalistas y autoridades locales ven diluida su capacidad de frenar proyectos en zonas sensibles. Políticamente, la decisión tensiona al Ministerio del Medio Ambiente y a los ministerios que integran el Comité, que deberán justificar por qué se revocó un rechazo técnico previo. En lo práctico, la resolución abre la puerta a nuevos desarrollos en áreas de influencia de espacios protegidos, y pone sobre la mesa la capacidad del SEIA para conciliar inversión y protección ambiental. Los próximos pasos pueden incluir recursos judiciales y presión política local, lo que mantendrá a estas iniciativas en el centro del debate público.
