La muerte de un menor de 12 años en San Bernardo puso nombre y urgencia a un proyecto que lleva meses varado en el Senado: la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. El crimen sacudió a alcaldes de la Región Metropolitana, que redoblaron la presión sobre el gobierno para que acelere la tramitación.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el excandidato presidencial y alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, exigieron respuestas al Ejecutivo. Ambos sostienen que el Estado ha reaccionado tarde frente a una realidad que se agrava. Su postura apunta a endurecer las sanciones para menores que cometan delitos violentos.
Con una lectura distinta, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, señaló que el desafío exige más que ajustes legislativos. Tamayo abogó por un rediseño profundo del sistema de seguridad, una posición que se aleja de la lógica punitiva que promueven sus pares de la derecha.
Desde la academia, la advertencia es más directa. Ester Valenzuela, directora del área de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló que aumentar sanciones o extender los años de internación no resuelve el problema de fondo. Su análisis recoge estándares internacionales que priorizan la rehabilitación por sobre el castigo.
La ley de responsabilidad penal adolescente, vigente desde 2007, rige las sanciones para menores de entre 14 y 17 años que cometan delitos. El proyecto de reforma que discute el Senado propone ampliar las penas para delitos graves. Los alcaldes esperan que el crimen de San Bernardo presione los tiempos de una votación que aún no tiene fecha.
