El Pleno de la Corte Suprema autorizó este lunes que el Ministerio Público avance en la investigación contra el diputado Joaquín Lavín León por presuntas conductas vinculadas a la comuna de Maipú, tras una resolución adoptada pasadas las 18:00 horas.

La decisión convierte a Lavín León en el sexto integrante de la Cámara de Diputadas y Diputados en perder la inmunidad en el actual período legislativo. El fallo fue unánime en relación con los cargos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, y dividido respecto de la imputación por delitos tributarios presentada por el Servicio de Impuestos Internos, Servicio que por sus siglas se conoce como SII.

La solicitud de desafuero fue ingresada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, y la Corte de Apelaciones de Santiago había acogido la petición el 16 de octubre de ese año. La investigación asocia al parlamentario, exmilitante de la Unión Demócrata Independiente, con la emisión de presuntas facturas falsas y eventuales gestiones indebidas ante la municipalidad de Maipú.

Con la resolución de la Corte Suprema, el Ministerio Público queda habilitado para formalizar la investigación, pedir medidas cautelares y continuar la persecución penal, una vez que la sentencia sea firme y se notifique el fallo íntegro. En este punto, la decisión del máximo tribunal redujo el alcance de la investigación fiscal al eliminar los cargos tributarios que había señalado el SII.

El caso se inscribe en un patrón inédito para el Congreso, marcado por una sucesión de desafueros desde 2023 que ha tensionado la relación entre el Poder Judicial y el Parlamento. El primer desafuero de este período fue el de la diputada María Luisa Cordero, diputada independiente ex-RN, acogido el 8 de junio de 2023 por la Corte de Apelaciones de Santiago; desde entonces se han sumado otros casos que, en conjunto, elevan el debate sobre control y responsabilidad de los legisladores.

Quién gana y quién pierde es claro en lo procesal: gana el Ministerio Público en capacidad de investigar y, en la práctica, pierde el legislador afectado, que queda expuesto a posibles formalizaciones y a costos políticos inmediatos. En lo institucional, el Parlamento pierde parte de su inmunidad tradicional, mientras que la ciudadanía gana transparencia procesal, aunque también enfrenta el riesgo de desgaste en la confianza hacia sus representantes.

En el plano político, el desafuero complica la agenda del legislador y puede repercutir en su entorno y fuerza política, aunque la propia Corte limitó la acusación tributaria, lo que reduce parcialmente el alcance de la acción judicial. El próximo paso será la redacción y notificación del fallo íntegro y las decisiones procesales que adopte el Ministerio Público.

A nivel ciudadano, el efecto tangible es doble: se refuerza la impresiòn de que las instituciones pueden investigar a parlamentarios, pero se mantiene la incertidumbre sobre tiempos procesales y resultados. En ese contexto, el caso seguirá siendo un termómetro sobre cómo la justicia y la política se ajustan a la exigencia pública de rendición de cuentas.