La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2025 que impuso penas totales de 184 años de cárcel contra diez integrantes de una organización criminal colombiana asentada en el campamento Génesis II de Antofagasta, incluido su líder conocido por los apodos «Satanás» y «Zeus». La resolución de alzada rechazó los recursos presentados por las defensas, entre ellos los reclamos de nulidad y las alegaciones sobre errores de derecho o la falta de aplicación de atenuantes.

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta había condenado previamente a los acusados por delitos que incluyen asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de control de armas. En esa sentencia, al imputado apodado «Zeus» se le impuso una pena de 77 años de prisión, mientras que los demás sentenciados recibieron penas que, según la Corte, oscilan entre 10 y 18 años.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la confirmación como un respaldo a la investigación del Ministerio Público y al trabajo de las policías en la zona. "El rechazo de los recursos presentados es un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región", dijo Castro Bekios, subrayando que la sentencia valida la tesis acusatoria sobre la existencia de una asociación criminal y no meras conductas aisladas.

La investigación fue encabezada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto a equipos policiales, y según la Corte permitió acreditar, a su juicio, un proyecto delictivo sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional entre los integrantes. En su fallo, el tribunal de alzada señaló que la prueba presentada satisface los elementos del tipo penal de asociación criminal que sostuvo el Ministerio Público.

Desde el punto de vista social, el caso pone foco en la presencia de organizaciones violentas asentadas en campamentos de la ciudad, un fenómeno que autoridades regionales y fiscales han vinculado a la proliferación de narcotráfico y violencia en sectores vulnerables. Para el Ministerio Público, la confirmación de la condena es un antecedente para futuras pesquisas sobre grupos que operan con estructuras similares en la región.

La resolución que confirmó las penas mantiene firme la condena impuesta por el tribunal oral y desestima los vicios denunciados por las defensas. Las partes involucradas podrán ejercer los recursos que la ley permita en las siguientes instancias procesales, según los plazos y cauces previstos por el Código Procesal Penal.