Los sondeos de las encuestadoras Pulso Ciudadano y Cadem, publicados este domingo, analizaron la controversia en torno al proyecto de cable submarino entre Chile y China y la sanción diplomática aplicada por Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno saliente, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien es chileno.

El estudio de Pulso Ciudadano señaló que 50,6% de los consultados cree que la sanción de EE.UU. vulnera la soberanía nacional, mientras que 26,5% estimó que no existe dicha afectación y 22,9% dijo no saber. En la misma encuesta, 37,1% manifestó estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con la medida estadounidense, 33,1% se declaró neutral y 29,8% afirmó estar muy de acuerdo o de acuerdo.

Pulso Ciudadano también midió la percepción sobre el propio proyecto: 47,4% indicó que el gobierno entrante de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, debería continuar impulsando la iniciativa; 28,1% opinó que debiera cancelarse y 24,5% no tuvo una posición definida. Sobre la infraestructura, 48,4% se mostró de acuerdo con que Chile cuente con un cable submarino de fibra óptica con China, y 51,2% consideró que la iniciativa tiene importancia estratégica para el país.

La encuesta de Cadem arrojó una visión similar en términos de rechazo a la medida estadounidense. Cadem registró que 44% evalúa positivamente la forma en que ha actuado el gobierno chileno en el caso del cable y 48% la evalúa negativamente. En tanto, 28% evalúa bien la actuación de Estados Unidos y 65% la evalúa mal. Respecto a China, 47% la evalúa bien y 33% mal. Además, 56% de los encuestados calificó como "exagerada" la decisión de EE.UU. de revocar la visa al ministro de Transporte y a otras autoridades chilenas, opinión especialmente alta entre quienes se identifican con el centro (70%) y con la izquierda (82%).

Estos resultados muestran que, para una parte significativa de la opinión pública chilena, la presión diplomática estadounidense se interpreta como una intromisión en la soberanía nacional y un intento de condicionar decisiones de infraestructura estratégica. Estados Unidos suele usar medidas como la revocación de visas como herramienta diplomática para expresar desaprobación, mientras China ha promovido inversiones y proyectos de conectividad global que generan debates sobre seguridad de datos y dependencia tecnológica.

La disputa sitúa a Chile en el cruce de dos dinámicas internacionales: la competencia tecnológica entre EEUU y China, y la búsqueda de soberanía digital por parte de países emergentes. Para Chile, la decisión sobre el cable tiene efectos concretos en la redundancia de conectividad internacional, tiempos de latencia para servicios digitales, y en la relación con grandes actores económicos. También puede influir en la orientación geopolítica del próximo gobierno y en cómo se negocian inversiones y salvaguardas técnicas con empresas extranjeras.

En los próximos días y semanas, la agenda relevante será la definición pública del gobierno entrante sobre si mantiene o modifica el proyecto, las eventuales negociaciones bilaterales con EE.UU. y China, y las medidas técnicas que aseguren transparencia y seguridad en la gestión del cable. La polémica anticipa un debate más amplio en Chile sobre soberanía digital, regulación de infraestructura crítica y cómo equilibrar intereses estratégicos con oportunidades comerciales.