El Gobierno retirará su reforma constitucional de seguridad, según Cooperativa. La decisión llega tras el amplio rechazo legislativo a su propuesta de crear un estado de excepción de 120 días y permitir interceptar comunicaciones sin orden judicial.
En su reemplazo, La Moneda respaldará un texto alternativo de los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos). La iniciativa ingresará al Senado a más tardar este martes, con el fin de destrabar el debate en la Cámara Alta.
El nuevo proyecto se concentra en tres ejes. El combate al crimen organizado, regímenes especiales para la seguridad penitenciaria y precisiones operativas al estado de excepción de emergencia que ya contempla la Constitución.
Con este giro, el Ejecutivo abandona los dos puntos más polémicos de su plan original. Uno era la creación de una quinta categoría de estado de excepción constitucional. El otro, la facultad de intervenir llamadas y comunicaciones sin autorización previa de un juez.
Los reparos llegaron desde la izquierda. La presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic, tomó distancia de la negociación. Aseguró que no participó en la redacción y cuestionó que el texto se presentara como transversal en la Comisión de Constitución del Senado.
La senadora del Partido Comunista (PC) Claudia Pascual fue más allá y descartó la urgencia de modificar la Carta Fundamental. "Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo", afirmó.
Pascual planteó que primero hay que acordar qué materias requieren rango constitucional. Propuso, en cambio, mejorar la legislación, por ejemplo elevando los reglamentos penitenciarios a leyes orgánicas. "Ninguno de ellos es de rango constitucional", puntualizó.
Squella, timonel del Partido Republicano, rechazó las acusaciones de exclusión. "Es absurdo pensar que no hayamos querido invitarlas", dijo, y sostuvo que se envió la invitación y el texto. Agregó que es legítimo no firmar un proyecto.
El senador espera que, conocido el texto, las demás bancadas "estén disponibles para combatir como corresponde el crimen organizado". También defendió la idea original: admitió que un nuevo estado de excepción no era estrictamente necesario, pero sí una hipótesis para actuar "con toda la fuerza del Estado" cuando haya información sobre investigados.
El escenario deja ganadores y perdedores claros. El Ejecutivo cede en sus propuestas más duras para salvar la tramitación, mientras los senadores firmantes toman el control de la agenda. La izquierda, en cambio, queda fuera del acuerdo y cuestiona su alcance.
El próximo paso es el ingreso formal del texto al Senado, previsto a más tardar este martes. Ahí se medirá si la propuesta logra los votos que la versión del Gobierno no consiguió.
