La municipalidad de Temuco logró ubicar a 38 menores haitianos después de recibir un listado del Servicio Nacional de Migraciones con niños que habían pasado por procesos de reunificación familiar y cuyo paradero no estaba claro. Sin embargo, la forma en que se difundió la información desató una polémica que ahora enfrenta al Gobierno con la propia comunidad afectada.
Rémy Eliazer, vocero de la comunidad haitiana en la capital de La Araucanía, denunció que la publicación de los antecedentes relacionó públicamente a las familias con posibles casos de trata de personas o tráfico ilícito de menores, sin que existieran pruebas de ello. Eso desencadenó estigmatización, temor y discriminación, especialmente entre los niños y adolescentes. "Un daño hecho tanto a la comunidad haitiana como a la ciudadanía chilena. Lo mínimo sería dar una disculpa pública a las familias y niños", recalcó.
La situación pone en el centro del debate cómo el Estado comunica investigaciones sensibles que involucran a comunidades migrantes. Difundir un listado de menores "no localizados" sin mayor contexto instaló sospechas sobre una comunidad que ya enfrenta discriminación en distintas partes del país.
Roberto Neira, alcalde de Temuco, coincidió en parte con el cuestionamiento. Reconoció la urgencia de actuar, pero criticó el modo en que el Gobierno manejó la comunicación: "Por un lado entiendo que ante una situación como esta hay que ocuparse. Pero en las formas, yo habría sido más cauto", declaró. Según Neira, parte de la información pudo verificarse previamente con registros locales, antes de que el caso alcanzara repercusión nacional.
Los 38 casos del listado, que incluyen menores y tres personas mayores de edad, quedaron verificados: todos los niños están escolarizados y tienen atenciones registradas en centros de salud de la comuna. El Gobierno no se ha pronunciado sobre la exigencia de disculpas públicas.
