La última semana dejó un panorama de violencia en la educación que cruzó varias regiones del país. En Calama se registró el asesinato de una inspectora en un establecimiento, mientras en Providencia se informó de un incendio en dependencias del liceo José Victorino Lastarria. En Ñuñoa un alumno fue atacado en el liceo José Toribio Medina, y se reportaron hechos de alumnos armados en recintos de Curicó y Rancagua, entre otros. Estas situaciones encendieron un debate sobre sus posibles causas y la respuesta institucional, con visiones que van desde el fortalecimiento de normas hasta la necesidad de revisar el modelo de aprendizaje y convivencia en las escuelas.

En ese marco, el presidente de Chile, José Antonio Kast, cuestionó al Colegio de Profesores por su reacción ante estos hechos, calificándola como “lamentablemente tardía, porque estos hechos hacen que ellos hoy día digan tenemos que resguardar la integridad de los profesores de la comunidad escolar y de los estudiantes”. Pero añadió una pregunta clave: “¿por qué no tomamos medidas antes?”.

En la conversación que llevó Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), en El Primer Café de Cooperativa, se enfatizó la complejidad del tema. Krauss sostuvo que la violencia escolar tiene múltiples fuentes y orígenes y advirtió que sería “muy fácil” intentar resolverlo solo aumentando penas o quitando subsidios. También señaló que existen “presiones brutales del sistema cultural, del sistema familiar y educacional respecto de niñas y niños que tienen visiones distintas de los estándares de éxito”. A seguidas afirmó que no comparte la lectura de Kast respecto de los docentes, ya que estos sufren presiones de alumnos y, muchas veces, de familias que buscan resultados inmediatos.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Luis Pardo también se refirió al tema. Señaló que las medidas de contención ayudan, pero que el fenómeno es más profundo y apunta hacia una tendencia legislativa que ha despojado a los directores de la autoridad para ejercer liderazgo en sus comunidades educativas. Pardo añadió que los protocolos se han multiplicado sin lograr una solución clara y enfatizó la lectura de la “democratización de la educación” como parte del desafío.

El discurso público revela una tensión entre preservar la autoridad directiva y atender la necesidad de salud mental, seguridad y apoyo a las familias. En el corto plazo, las voces llaman a avanzar en mesas de diálogo con gremios y asociaciones de padres para identificar realidades de los colegios y establecer respuestas que vayan más allá de castigos o subsidios puntuales. El tema continúa en la agenda educativa y se espera que las próximas semanas se traduzca en acciones concretas que prioricen la dignidad de las víctimas, la seguridad de estudiantes y docentes, y un marco pedagógico que privilegie el bienestar y la convivencia.

En síntesis, la discusión no se reduce a una sola causa sino a un entramado social que requiere coordinación entre autoridades, docentes, familias y alumnos. La pregunta que queda flotando es si se logrará recuperar un marco de autoridad suficiente sin perder la apertura necesaria para tratar las complejidades del entorno escolar.