El Presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en X, afirmó que el proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está «en evaluación» y que la decisión sobre su continuidad corresponderá al gobierno entrante de José Antonio Kast. La declaración se produjo después de que se informara que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, visó un decreto para ejecutar la obra el 27 de enero, resolución que fue revocada dos días después.
Boric, Presidente de Chile, dijo que ha instruido a las autoridades sectoriales a recabar todos los antecedentes necesarios para una decisión fundada, y defendió que las medidas se adoptan «en función del mejor interés de Chile y su gente». Añadió que las iniciativas de esta naturaleza se analizan respetando las leyes del país, el principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que, dijo, ha caracterizado la política exterior chilena.
La iniciativa fue presentada por China Mobile, empresa de origen chino, y conectaría Valparaíso con Hong Kong. El proyecto genera debate por su condición de infraestructura crítica. Los cables submarinos son el principal medio por el que circula el tráfico internacional de datos. Por eso su propiedad, operación y seguridad son considerados asuntos de soberanía y seguridad nacional.
En La Moneda se realizó una reunión sobre la controversia encabezada por el canciller Alberto Van Klaveren, junto con los ministros Juan Carlos Muñoz, Adriana Delpiano y Álvaro Elizalde, y la vocera Camila Vallejo. Alberto Van Klaveren es el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Muñoz es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Adriana Delpiano es ministra del gobierno, Álvaro Elizalde es ministro, y Camila Vallejo es la vocera de Gobierno.
El trasfondo inmediato incluye tensiones con Estados Unidos, que ha impuesto sanciones que afectaron a autoridades chilenas y que Washington usa como argumento para presionar sobre infraestructura tecnológica vinculada a China. En ese contexto, la discusión no es solo técnica. También es geopolítica. Chile debe ponderar conectividad, costos y riesgos de seguridad, además de posibles presiones diplomáticas.
Quien gane y quien pierda dependerá de la decisión final. Si el proyecto avanza, Chile podría mejorar rutas internacionales de datos y redundancia en la conectividad; eso beneficia a empresas y usuarios. Si se rechaza, el Estado evitaría posibles riesgos percibidos por actores internacionales y protegería la autonomía en infraestructura crítica. En ambos escenarios hay costos políticos: el gobierno saliente deja la decisión al entrante, y el ejecutivo entrante asumirá responsabilidad política y técnica.
El caso deja en claro una tensión recurrente en la política moderna: la necesidad de infraestructura digital frente a la creciente rivalidad entre potencias tecnológicas. La evaluación continúa y la continuidad del proyecto será una de las decisiones que deberá enfrentar el gobierno de José Antonio Kast una vez asuma el mandato.
