Este miércoles se publicó en el Diario Oficial la Ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, una norma que crea la Política Nacional de Convivencia Educativa y abre la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos, como detectores de metales, en establecimientos bajo determinadas condiciones. Esto marcaría un giro institucional en una coyuntura marcada por episodios de violencia en varios colegios que estremecen a la opinión pública, desde Calama hasta Santiago. En Calama, la muerte de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta y cuatro personas heridas dejó una huella imborrable; en Santiago, ataques en el Liceo Lastarria; y en ciudades como Curicó, Rancagua y otros, casos de estudiantes sorprendidos con armas encendieron el debate sobre seguridad en las escuelas.
Para adoptar medidas como cámaras o detectores de metales deberán existir antecedentes que justifiquen su uso, contar con el acuerdo de la comunidad educativa o consejo escolar y la elaboración de un protocolo interno por parte del sostenedor del establecimiento, el que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación con un informe técnico previo del Ministerio de Seguridad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que el Gobierno trabaja en el reglamento que permitirá aplicar la ley y facilitar que los colegios que lo estimen puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad. No obstante, la secretaria de Estado advirtió que la normativa por sí sola no resolverá la violencia escolar y que el Ejecutivo evalúa otras iniciativas, entre ellas agravar las sanciones por delitos cometidos al interior de establecimientos y permitir la revisión de mochilas, lo que requeriría cambios legales.
La ley también contempla la elaboración de un plan de acción nacional en la materia y establece la obligación de que todos los establecimientos cuenten con un coordinador de convivencia. Desde el mundo académico y exautoridades surgieron cuestionamientos. El exministro de Educación Harald Beyer afirmó que la normativa podría tener un alcance limitado: «Creo que la ley de convivencia escolar, tal como está redactada, va a ayudar poco, es muy burocrática y tiene una serie de pasos que hay que dar». En la misma línea, el también exministro Raúl Figueroa advirtió que la normativa impone nuevas obligaciones a los sostenedores y a las comunidades educativas.
