Según La Tercera, un operativo nacional de la Policía de Investigaciones (PDI) controló a más de 2.000 extranjeros y detectó a 347 en condición irregular. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el despliegue este miércoles. Ninguna otra fuente ha confirmado aún las cifras.
En el operativo participaron más de 1.500 funcionarios de la PDI en distintas regiones. El medio no precisa cuáles ni en qué fechas exactas se hicieron los controles.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregó el detalle. De los 347 extranjeros irregulares, 139 entraron por un paso no habilitado. A 27 les notificaron una orden de expulsión ya decretada. Otros 39 ya tenían una expulsión notificada, así que la PDI los detuvo y los trasladó a dependencias institucionales para iniciar el proceso.
Por nacionalidad, 223 son venezolanos, 40 colombianos y 7 peruanos. Los otros 77 tienen distintas nacionalidades. Cerna explicó el objetivo: "Lo importante es tener un control y un registro, y una ubicación de todos los extranjeros que están en Chile".
Arrau enmarcó el operativo en el discurso de orden del gobierno de José Antonio Kast. "Chile tiene la necesidad de poner orden", dijo. Según el ministro, ese orden parte por saber quiénes están en el territorio nacional y sigue con custodiar mejor las fronteras.
El secretario de Estado afirmó que este año hubo 80% menos ingresos irregulares. No detalló contra qué período compara esa cifra ni cuál es la base de cálculo.
El ministro también valoró que se aprobara hace poco el proyecto que busca facilitar las expulsiones administrativas. Según Arrau, la norma permitirá que la policía entre a las viviendas para ubicar a las personas con orden de expulsión, siempre con autorización judicial. "Eso es un cambio enorme", sostuvo.
La agenda migratoria ha dividido a la oposición. El Frente Amplio y el Partido Comunista rechazaron las iniciativas sobre detención de migrantes. El Partido Socialista y el PPD votaron divididos. Para los migrantes en situación irregular, el cambio legal significa que la policía podrá buscarlos en sus domicilios.
El próximo paso es el proyecto que amplía el plazo de detención de los migrantes irregulares, hoy limitado a cinco días. Arrau anticipó que el Gobierno insistirá con la iniciativa y que podría entrar en tabla la próxima semana.
