El 21 de enero de 2026, efectivos del OS7, la unidad antidrogas de Carabineros, hallaron restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Dos días después, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó una decisión que hasta entonces se mantuvo fuera del debate público: ordenó que los mismos perros detectores ingresaran a revisar las dependencias de la Fiscalía Nacional.

Los canes del OS7 recorrieron oficinas, pasillos y espacios comunes durante la mañana del 23 de enero. El operativo no se limitó a un recorrido preventivo. Según la demanda judicial presentada más tarde, algunos perros marcaron pertenencias de funcionarios, lo que derivó en la apertura de mochilas y bolsos personales en pasillos y oficinas, a la vista de compañeros y personal policial.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) calificó el procedimiento como una vulneración de derechos fundamentales y presentó una tutela laboral contra el propio organismo. Los dirigentes describieron el operativo como un procedimiento "de carácter policial" que habría expuesto a trabajadores a situaciones "denigrantes", sin que mediaran indicios individuales que lo justificaran.

Lo que siguió en tribunales reveló una postura institucional sin concesiones. La Fiscalía defendió íntegramente el operativo, rechazó cualquier compromiso para no repetirlo y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos controles con perros detectores en sus dependencias. Para Valencia, la medida representó una señal de tolerancia cero frente a cualquier vínculo entre sus funcionarios y las drogas.

La tutela laboral de la ANFUMIP sigue en tramitación. Mientras aguarda resolución judicial, la Fiscalía mantiene su posición: los controles podrían repetirse, sin fecha ni condición establecida.