En el Hotel Antay de Iquique, durante la ceremonia de entrega del 15% de los ingresos brutos de Zofri a los municipios de la Región de Tarapacá, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, confrontó al presidente del directorio de Zofri S.A., Iván Berríos, y anunció una ofensiva administrativa, política y legal para frenar la renovación anticipada de la concesión hasta 2050.

El choque ocurrió al mediodía, en una actividad que reunió a autoridades locales y ejecutivos de la empresa. Paco dijo "La confianza está perdida" y afirmó que hablaba en nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Criticó que la decisión se tomó sin la participación de su región y la calificó como una gestión hecha "entre cuatro paredes" desde Santiago.

La renovación fue aprobada días antes por la junta de accionistas de Zofri S.A., según informaron los asistentes. Desde la empresa defendieron la medida como una señal de estabilidad para atraer inversión y sostener el desarrollo en el norte. La directiva sostiene que una extensión clara del marco concesional aporta certidumbre a operadores y proyectos.

Frente a esa versión, Paco confirmó que coordinará una presentación ante la Contraloría General de la República, en conjunto con alcaldes y gremios productivos de Arica, y que impulsará recursos administrativos y otras acciones legales. También dijo que, por la cercanía del cambio de mando presidencial, corresponde que el próximo gobierno nacional asuma el cierre de este proceso.

Históricamente, las concesiones y la administración de Zofri han generado fricciones entre autoridades regionales y decisiones tomadas desde Santiago, porque implican planificación territorial, control de suelo y flujos de inversión a largo plazo. En ese contexto, la renovación anticipada abre un escenario de disputa institucional que puede prolongar la incertidumbre para empresas, trabajadores y municipios.

Quien gana con la extensión es, por ahora, la directiva y los accionistas que buscan certidumbre para proyectos futuros. Quienes pierden son las autoridades regionales que reclaman falta de participación, y potencialmente los ciudadanos que ven aumentada la sensación de que decisiones estratégicas se toman sin consulta local. Si la Contraloría recibe la presentación anunciada, el proceso podría quedar en revisión y retrasarse, lo que afectaría plazos de inversión y acuerdos municipales.

Los próximos pasos son claros: la acción ante la Contraloría, la articulación política entre el Gobierno Regional, alcaldes y gremios, y la expectativa sobre la postura del nuevo gobierno nacional. La disputa marcará la relación entre Zofri, las regiones del norte y el centro del poder político en Santiago, con efectos directos en la planificación urbana y económica local.