El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó en libertad, con arraigo nacional, a un hombre de 40 años formalizado por homicidio simple. El caso es la muerte del exconviviente de su pareja, quien entró armado con un cuchillo a la vivienda que ambos comparten en la población Río de la Mano, en la Región de Magallanes.
Según informó T13, la víctima, de 38 años, tenía dos órdenes de alejamiento vigentes respecto de su expareja. Una se originó por violencia intrafamiliar y la otra por un ataque anterior con machetes en la misma propiedad, de acuerdo con antecedentes que publicó el diario El Pingüino.
Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre. Ese día, el hombre de 38 años entró por una ventana a la casa y se habría escondido en el segundo piso. Ahí lo encontró el actual conviviente de la mujer, y ambos comenzaron a forcejear.
La Fiscalía informó que el dueño de casa intentó desarmar al hombre que había entrado. Durante el intento sufrió cortes graves en las manos y una fractura. En medio del forcejeo, el imputado habría asfixiado a la víctima, que murió en el lugar.
El fiscal de turno encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajó con una médica criminalista y con peritos de la Brigada Regional Punta Arenas.
El subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, explicó que el enfrentamiento ocurrió en la casa donde vive la expareja de la víctima con su actual conviviente, "quien hasta el momento sería el único imputado". Agregó que el detenido tuvo que ser operado por sus lesiones y quedó en el Hospital Regional, custodiado por detectives, a la espera del control de detención.
Las dos fuentes cuentan de manera distinta la decisión judicial. Según BioBioChile, el magistrado consideró plausible la tesis de la legítima defensa, porque el imputado habría actuado para repeler un ataque armado dentro de su propia casa. T13, en cambio, informó que la Fiscalía todavía busca establecer si hubo dolo en la muerte o si se trató de legítima defensa.
El proceso sigue abierto y el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia firme. El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días.
