El diputado independiente Sebastián Videla declaró este lunes 9 de marzo en el matinal Mucho Gusto que comenzó por iniciativa propia a cavar una zanja en el límite norte de Chile con Bolivia, financiada con recursos personales, y aseguró «no temo a las consecuencias». Videla añadió que su acción responde a lo que, en su opinión, es una crisis de ingreso irregular de personas y delitos en ese tramo fronterizo.

En la entrevista el parlamentario —reelecto para el periodo legislativo 2026-2030 por el Distrito 3— reclamó que la frontera norte está «olvidada» por las autoridades y mencionó problemas en el paso habilitado de Ollagüe, ubicado en la región de frontera entre Chile y Bolivia, que según él no tiene electricidad. El diputado también reconoció que no obtuvo permiso para la obra, y dijo que meses atrás desistió por un «tema legal», pero que la desesperación lo llevó a retomar la iniciativa.

Videla apuntó además a la presencia de crimen organizado, tráfico de drogas y otros ilícitos como justificación de su gesto público, y en su cuenta de Instagram llamó al Presidente de Bolivia, que visitará Chile, a «unirse a esta lucha» para no ser cómplices de las bandas. En el programa no identificó medidas legales concretas que pueda enfrentar ni precisó ante qué entidad –local, regional o nacional– intentó tramitar autorización.

No consta una respuesta pública inmediata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile ni del Servicio Nacional de Migraciones, la institución encargada de la política migratoria. Tampoco se registró una declaración oficial de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones (PDI), los cuerpos encargados del control fronterizo y del orden público, al cierre de esta edición.

El episodio abre varias líneas de tensión: por un lado politiza la seguridad fronteriza al fomentar acciones unilaterales por parte de autoridades electas; por otro, plantea riesgos legales para el diputado si la obra altera bienes fiscales o corredores fronterizos sujetos a regulación. A nivel bilateral, el llamado público al Presidente de Bolivia puede complicar la agenda diplomática que rodea visitas de alto nivel.

Para Chile y la zona norte, la acción reactiva el debate sobre la respuesta estatal ante flujos migratorios y el crimen transnacional, y pone en evidencia la presión sobre municipios y pasos fronterizos pequeños como Ollagüe. Queda por ver si la Oficina del Estado responsable de permisos o la Fiscalía toman acciones, y si el Gobierno impulsa medidas nuevas de control fronterizo o diálogo con Bolivia para abordar las acusaciones del diputado.

En lo inmediato, la historia probablemente tensionará la discusión pública sobre seguridad y soberanía en la frontera norte en el contexto de la próxima legislatura, mientras las autoridades nacionales deberán decidir si avanzan por la vía administrativa o judicial contra la iniciativa privada de construir infraestructura en zonas fronterizas.